En materia de seguridad no se puede permitir desorden o confusión, especialmente por falta de decisión. Porque esto se traduce en muertos, destrucción e ingobernabilidad. La estrategia de seguridad nacional tiene que estar fundamentada en información y prioridades. No en ocurrencias y vaivenes políticos. Y, sobre todo, debe de haber claridad en mando y en responsabilidades. Porque, cada vez que se le ordene a un soldado, marino, policía federal, estatal, municipal, o agentes de inteligencia salir a arriesgar su vida y cumplir sus funciones, tiene que saber que hay claridad en el mando, los objetivos a cumplir, y que están respaldados por el gobierno. Además de que necesitan el reconocimiento de quienes protegen, sino del gobierno que está dispuesto a ponerlos en peligro. Además de que se les asegure estabilidad laboral, profesional y protección para ellos y ellas, además de sus familias.
De no cumplirse lo anterior, es casi imposible crear estructuras dentro del ámbito de seguridad que verdaderamente tengan capacitación, cohesión, voluntad y compromiso suficiente para asegurar que, a largo plazo, México pueda ser un país menos violento, más justo y con respeto al Estado de derecho. Donde nadie está por encima de la ley y promueve la solución pacífica de conflictos.
Este gobierno ha hecho todo lo posible para asegurar que estos principios simple y llanamente no se cumplan: De continuar con la actual política de seguridad, al terminar este sexenio en lugar de fortalecer las instituciones que tienen la responsabilidad de la seguridad nacional y publica, dejará una confusión de instituciones, mal planeadas, mal organizadas, y sobre todo desmoralizadas.
Y aunque el presidente López Obrador asegure que la violencia y la criminalidad se reducirán con los programas de apoyo a los jóvenes, los necesitados, personas vulnerables, la verdad es que no hay correlación. Obviamente estos programas deben de continuar, como una estrategia de reducir la pobreza y desigualdad a largo plazo. Pero por sí solos, o como prioridad de Estado, no resolverán la violencia e inseguridad que vive México desde hace décadas.
Un paso inicial para resolver los problemas de inseguridad en México es dejar de culpar a los pobres de la violencia catastrófica que vive México. Sugiero que el presidente le pida a su gabinete de seguridad que señale cuales son las regiones más violentas del país. En la mayoría de los casos son regiones mucho más prósperas, con menores niveles de desempleo y con mayores ingresos per cápita. Y sí, los que nutren la capacidad bélica de estas organizaciones en general son hombre y jóvenes. Pero es una rotunda mentira pensar que con darles tres mil pesos al mes no ingresarán a las filas del crimen organizado o no van a delinquir. En México si hay personas que se vuelven delincuentes porque sus familias tienen hambre. Pero ellos son la minoría y en general no son peligrosos.
Los pobres y necesitados son víctimas, que de hecho necesitan la protección del Estado. Y la política errática de este gobierno en materia de seguridad los pone en la indefensión.
Particularmente grave es la confusión que se ha creado alrededor de una negociación o diálogos con grupos armados como una respuesta a la violencia y para la 'pacificación' del país. Como lo plasmé en este espacio, la confusión que hay alrededor del proceso de 'negociación' impulsado por la Secretaria de Gobernación, además de la falta de claridad si los soldados, marinos, guardia nacional tienen el derecho de defenderse ante hostigamientos y amenazas por parte de la población o de miembros del crimen organizado, está destruyendo la capacidad del Estado de 'pacificar' a México.
Sí hay lecciones aprendidas en otros países que México debería de consultar. Pero la mayoría de estas experiencias tienen varias características que permitieron reducir la violencia e inseguridad o aumentarla: marco jurídico y una estrategia clara, consecuencias si cometieron un delito y más consecuencias si siguen delinquiendo, mecanismos para asegurar que se respeten los acuerdos, recursos asignados, el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Sobre todo, un gobierno tiene que estar dispuesto levantarse de la mesa y hacer uso de la fuerza si es necesario. El error más grande que puede cometer cualquier gobierno es mandar a soldados, marinos, policías y Guardia Nacional armados, pero sin permiso de defenderse ellos y la población de los victimarios. Eso es sometimiento, no negociación.