Se acabó el 'reality' Javier Duarte

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Al ver la audiencia pública en Guatemala, donde el exgobernador de Veracruz acepta ser extraditado, nos recuerda que hay mucho que aprender de los guatemaltecos, por lo menos en el área de justicia. Más allá de la nota de que Javier Duarte aceptara ser extraditado para enfrentar cargos por abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, además del desvío de más de 220 millones de pesos, fue una lección de transparencia el hecho de que pudieran las televisoras mexicanas transmitir desde el Tercer Tribunal de Sentencias Penal en ciudad Guatemala, en vivo y a todo color.

Además de las televisoras estuvieron presentes en la audiencia reporteros y público en el tribunal. Todos pudimos ver y comentar cómo Duarte ahora luce diferente, ha subido de peso, tiene barba, se cortó el cabello y ya no usaba chaleco antibalas. Duarte dijo que las acusaciones por el desvío son infundadas. "Las acusaciones contra mí son infundadas, ligeras, vagas e imprecisas", dijo el exgobernador en la audiencia y en tono burlón.

Calificó de irrisorias las acusaciones y añadió que las desea enfrentar ante la justicia mexicana, decisión que fue aceptada por el tribunal guatemalteco. "Por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas, quiero referirme que el gobierno de Veracruz (de Miguel Ángel Yunes) me acusa y hace uso de recursos, inclusive gastando recursos del erario, con acusaciones irrisorias", dijo Duarte.

Y de nuevo, Duarte lanzó una sonrisa completamente fuera de lugar, considerando la gravedad de su situación y las acusaciones que enfrentará en México. Una sonrisa que algunos interpretaron como la de un cínico, otros la de un loco, y algunos comentaron que estaba drogado.

Más que tratar de entender los detalles jurídicos de la audiencia, la mayoría observaron con morbo la caída de un hombre tan poderoso como lo fue el gobernador Javier Duarte, volverse un perseguido, esposado y ahora enfrentando años de cárcel, en lugar de disfrutar de su fortuna. Parecía un ser un reality show.

Pero es un reality show que no continuará cuando regrese a México, porque en este país, a diferencia de Guatemala, los medios de comunicación no pueden transmitir ni grabar las audiencias. Aunque sí pueden estar presentes periodistas y público en general, en México la presunción de inocencia de los presuntos culpables sólo permite que reporteros describan y escriban para los medios de comunicación. Pueden escribir una crónica para los periódicos, pero no pueden grabar audio ni video que después se transmitiría por radio, TV o las redes sociales.

Qué tanta publicidad y transparencia debe de haber en los juicios penales, tiene varias vertientes. Y es importante discutirlos porque la credibilidad del sistema de justicia penal depende de la capacidad de encontrar la solución correcta para cada país.

Yo tuve la oportunidad de colaborar con la Suprema Corte de Justicia guatemalteca, como miembro de un proyecto de la Facultad de Derecho de Harvard, a principios de los 90, cuando se hicieron los primero intentos de hacer audiencias públicas, que permitía el Código de Procedimientos Penales en ciertos momentos del proceso.

Y lo que buscábamos era que no sólo estuvieran presentes personas que fueron víctimas de los acusados en el recinto, sino los medios de comunicación para que grabaran, publicaran y escribieran de la importancia de que el público conociera cómo funciona la justicia.

Pero también entendíamos que la mejor forma de darle credibilidad a la decisión de los jueces y fiscales, además de asegurar que hubiera menos corrupción, era haciendo completamente transparentes las audiencias y los procedimientos. Este principio se mantiene hasta hoy día y esta semana vimos las consecuencias.

México siguió la línea de otros países, incluyendo el sistema federal de justicia estadounidense que no permite cámaras, pero sí reporteros que después escriben o reportan el juicio y las audiencias, o publican dibujos de lo que sucedió en el tribunal.

Algunas jurisdicciones estatales, como California, sí permiten cámaras. Pero cuando uno recuerda el J. Simpson y el show mediático que fue su juicio por asesinato –donde el juez, los abogados y los testigos estaban más preocupados por sus ratings que por el juicio– también se entiende por qué hay que limitar por lo menos las cámaras en el recinto.

La interrogante es: ¿será suficiente la presencia de reporteros y público en los tribunales en contra de gobernadores mexicanos para darle la credibilidad a los resultados de los juicios? O habría que aprender de los guatemaltecos.

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