Reformar la procuración de justicia… nuevamente
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Reformar la procuración de justicia… nuevamente

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Reformar la procuración de justicia… nuevamente

16/01/2020
Actualización 16/01/2020 - 11:00

Treinta años. Llevo treinta años analizando, trabajando, estudiando, implementando y documentando esfuerzos en diferentes partes de Latinoamérica para desarrollar e implementar reformas que aseguren sistemas de justicia penal que protejan derechos individuales, pero también aseguren gobernabilidad y paz.

Y aunque en muchos países del hemisferio las reformas estaban enfocadas en tratar de acotar la violencia y el control que tenían las fuerzas armadas y las sistemáticas violaciones de derechos humanos, no debemos olvidar que la mayoría de los países del hemisferio, entre los años 70 y 80, eran gobernados por autoritarios o militares.

En otros países, las reformas estaban enfocadas en 'democratizar' el sistema y asegurar que los jueces no fueran cómplices del Ejecutivo en perseguir a los opositores del sistema. La prioridad era garantizar los derechos de los acusados.

En otras naciones, las reformas al aparato de justicia están más enfocadas en reducir la desigualdad judicial: no sólo los pobres o personas indígenas o de cierto perfil racial serían los condenados o sufrirían hasta años detenidos, sino los más poderosos y ricos de la sociedad podrían ser sometidos al yugo de la justicia.

También muchas naciones tuvieron que reformar porque su sistema de impartición de justicia simplemente es inoperante por falta de recursos, corrupción e inercia del Ejecutivo, Legislativo y la rama judicial.

Otros países buscaron fortalecer los mecanismos que ofrece un sistema de justicia penal que tuviese la capacidad de investigar, procesar, enjuiciar, sentenciar y encarcelar a miembros de grupos armados, crimen organizado y paramilitares. Estas organizaciones tienen una gran capacidad bélica y de ejercer control territorial, además para intimidar y corromper a las autoridades. De hecho, muchos analistas pensamos que, en este siglo, una de las grandes amenazas a las democracias son estas organizaciones que son tan poderosas que los gobiernos no pueden enfrentarlas dentro del Estado de derecho. Y, desafortunadamente, el Estado recurre a herramientas usadas durante la guerra sucia: amenazas, desapariciones, vigilantes, violaciones masivas de derechos humanos.

Y sí, todos estos países buscaron y buscan resolver un problema fundamental: la impunidad. La pregunta del millón es: ¿por qué hay impunidad?

En el caso de México, parecería que el país sufre secuelas históricas y problemáticas actuales que reflejan las seis situaciones antes descritas. Y, tal vez, por no tener claridad, durante la implementación de las reformas en los últimos años, sobre cuáles deberían ser los problemas principales a resolverse. ¿La desigualdad, la violencia gubernamental o la violencia del narco o guerrilla? ¿Castigar a los violadores de derechos humanos? ¿Asegurar justicia para los más pobres? ¿Quiénes son los enemigos que defiende el aparato de justicia? ¿El gobierno, los militares, los enemigos de la democracia, la guerrilla, los narcotraficantes, criminales, los poderosos o los ricos?

Y aunque esta semana el fiscal general, la secretaria de Gobernación, y el Senado anunciaron que se pospondría la presentación del paquete que reformaría el sistema de procuración y administración de justicia hasta febrero, ya se escuchan voces, yo diría fuertes reclamos, de que las reformas podrían ser un retroceso.

La pregunta es: ¿un retroceso en comparación con qué?

Porque la situación actual es absolutamente insostenible hoy, lo será en el futuro.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.