Ni quién les tome la llamada: ¿hay alguien en casa?
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Ni quién les tome la llamada: ¿hay alguien en casa?

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Ni quién les tome la llamada: ¿hay alguien en casa?

28/11/2018
Actualización 28/11/2018 - 11:39

“En materia de seguridad, no esperen apoyo o ayuda por parte de la federación”. “Probablemente la situación de seguridad empeore en los siguientes dos años”. “En los siguientes meses no habrá quién les tome la llamada en el gobierno federal”. No había otra forma de decirle a los cientos de alcaldes que estaban participando en el Encuentro Nacional de Presidentes Municipales y Autoridades Locales.

Como invitada a participar en un panel sobre temas de seguridad, busqué la forma más diplomática para subrayarles a los actuales y futuros presidentes municipales –de todos los colores y partidos– que en cuestiones de seguridad en los municipios en los siguientes tres años les iría mal.

No quise decir de la tiznada, porque no tengo una bola de cristal. Pero sí tengo más de 30 años trabajando, escribiendo y estudiando el tema. Y a veces, aunque no siempre, la experiencia te permite visualizar el futuro. En esta ocasión espero que me equivoque.

Y en este caso los grandes retos que enfrentaron los presidentes municipales no sólo tienen que ver con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. También culpable es el presidente Enrique Peña Nieto, que está dejando un legado de niveles históricos de inseguridad en el país, en lugar de reducir los índices de violencia y de control que ejercen las organizaciones criminales en diferentes partes del país. Y aunque en algunos rubros sí hubo pequeñas mejoras, la realidad es que Peña Nieto y su equipo no pudieron, o no quisieron, aprovechar las inversiones de décadas en la estrategia de seguridad de sus antecesores.

Inicialmente decidieron ignorar el problema, y después, a regañadientes, preocupado ya el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre su imagen y la posibilidad de ser candidato a la presidencia, trataron de reaccionar, demasiado tarde, ante la ola de violencia e inseguridad que se veía venir.

Para ser claros, la responsabilidad de la violencia que enfrentarán los alcaldes del país, que probablemente irá en aumento, es de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto.

Más allá del debate, si la propuesta de seguridad del nuevo gobierno es la adecuada, la verdad es que el impacto de esta estrategia no se sentirá, probablemente, sino a finales del sexenio de AMLO.

A corto plazo, el problema fundamental que afectará la capacidad del Estado de enfrentar a organizaciones altamente violentas y que controlan comunidades, municipios, estados y regiones del país, es la reestructuración histórica del aparato de justicia y seguridad.

Se están creando tres instituciones nuevas –la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la Nación– que contemplan cambios y reformas para la mayoría de las personas que están involucradas en la estrategia de seguridad pública y seguridad nacional del país. Y muchos de ustedes dirán, pero estas nuevas instituciones están basadas en organizaciones que ya existen.

Pero son tan dramáticos los cambios, donde desaparecen instituciones, se reparten funciones y se desarrolla un nuevo concepto sobre seguridad pública vs. seguridad nacional, que en los primeros meses el problema fundamental va a ser descifrar y repartir responsabilidades. Y créanme, habrá muchos vacíos y muchos enfrentamientos por recursos. Y lo más dramático es que no hay claridad sobre quién tendrá la responsabilidad política de la seguridad, especialmente cuando entre en crisis el país. ¿López Obrador a quién va a pedir la renuncia? ¿La secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad o el secretario de la Defensa?

También hay que adicionarle el caos con el que se sigue implementando, con muchas dificultades, la reforma penal y el sistema acusatorio en el país. Y con tantas reformas a las instituciones, seguramente impactarán la capacidad de impartir justicia. Se requerirá otra reforma al Código Penal y de Procedimientos.

Obviamente no ayuda al desorden (desastre) institucional el hecho que se va a recortar personal, y los que queden, en su mayoría, tendrían un recorte en sus salarios y/o prestaciones.

Habrá menos personal, con menos experiencia y mal pagados.

Y por más que prometa el presidente López Obrador que él coordinará a diario la estrategia de seguridad, esto pudiera crear un cuello de botella en las decisiones. El presidente tiene que gobernar un país en todas sus facetas, aunque el ámbito de la seguridad tiene que ser su prioridad.

Ante este escenario, los problemas de seguridad en los estados y los municipios no tendrán prioridad.

Si en los primeros meses nadie les contestará el teléfono ni su celular, es que estarán buscando su oficina, el baño y la computadora desde donde deben de trabajar.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.