Escalofriante, pero revelador. El número de los desaparecidos en México en los últimos años llegó a los 40 mil. Esta semana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que México "es una gran fosa clandestina", durante su presentación de la estrategia del gobierno federal para enfrentar la crisis humanitaria, el horror que representan los desaparecidos. El subsecretario presentó un plan que incluye la participación y apoyos de las familias de las víctimas, protocolos y procedimientos en los diferentes órdenes de gobierno para la localización e identificación de los desaparecidos. En resumen, el subsecretario subraya la necesidad de asegurar recursos y darle prioridad a una legislación que se aprobó, pero nunca se implementó durante la administración de Peña Nieto.
Es difícil entender por qué las últimas administraciones no le dieron prioridad a esta crisis. Tal vez porque a los desaparecidos se les consideró como "bajas" de la guerra. Tal vez no quisieron darle prioridad porque cualquier país con 40 mil desaparecidos, en cualquier otra parte del mundo, se le consideraría una nación que enfrenta una guerra civil no una potencia económica buscando inversión extranjera. O, tal vez anteriores gobiernos no supieron qué hacer ni cómo detener a las organizaciones que podrían estar detrás de miles y miles de asesinatos.
Y desafortunadamente, la debilidad de la propuesta es que no presenta una estrategia real y clara de cómo detener las desapariciones para que México no siga siendo una "gran fosa clandestina".
La estrategia para el combate a las desapariciones forzadas tendría que estar vinculado a una estrategia de seguridad que requiere enfrentar y someter a organizaciones criminales que tienen control territorial en diferentes partes del territorio nacional. Por eso sorprende que no estuviera presente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. De hecho, estaría en sus manos el implementar la parte más urgente de la estrategia, que sería detener la escalada de desapariciones que se ha visto en el último año.
Pero la estrategia de seguridad presentada la semana pasada parecería no contemplar esa posibilidad. El presidente López Obrador sigue reiterando que la solución a la violencia es un combate a la corrupción, promoción de desarrollo, creación de empleos, becas y otro tipo de apoyos para las poblaciones más desprotegidas. Pero estos programas no son suficientes. Y si uno le adiciona los recientes comentarios de que "la guerra terminó" y que no perseguirán a capos del crimen organizado, además de que no usarían "violencia para enfrentar la violencia", pareciera que simple y llanamente no tienen claridad de cuál sería el uso de la afamada Guardia Nacional. Pero a corto plazo no será enfrentar a las organizaciones criminales y debilitar su control territorial.
Esto escribí hace varios años en este espacio: "Si no es enfrentarlo, entonces… ¿Negociar? Hay varios problemas fundamentales con los que proponen esta solución a la violencia. En primer lugar, el que un grupo de criminales acuerde no ejercer violencia en contra de la población civil a cambio de que ellos puedan continuar con sus actividades delictivas, no es una negociación, es el sometimiento del Estado ante la incapacidad o corrupción de sus gobernantes.
Entonces tendría el Estado que perseguir a los corruptos. Y tener la capacidad de perseguir a los líderes de estas organizaciones que tanto han afectado a la población. Pero el presidente no quiere usar la fuerza ni perseguir los cabecillas ni perseguir corruptos. Valdría la pena analizar la "política de sometimiento" de los 90, que se implementó con resultados mixtos en Colombia. El gobierno implementó una ley en la que se les ofreció a los capos del narcotráfico de esa época la opción de entregarse a la justicia, confesar todos sus delitos, entregar sus bienes, y colaborar con las autoridades a cambio de una reducción hasta la mitad de la pena y la no extradición a EU. Para algunos capos fue una forma de limpiar su nombre, cumplir penas reducidas y proteger a sus familias de investigaciones penales. También en Colombia hubo un proceso de desmovilización de paramilitares y guerrilleros que han tenido resultados mixtos.
Pero las premisas tienen que ser que tienes un sistema de justicia penal que pueda perseguirlos y someterlos si no cumplen con lo acordado. Un Estado de derecho que no existe en este momento. De lo contrario estaríamos hablando no de una negociación, sino el sometimiento del Estado al crimen organizado. La historia se repite.