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La injerencia electoral $$$

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La injerencia electoral $$$

21/02/2018
Actualización 21/02/2018 - 13:22
columnista
Ana María Salazar
Análisis sin Fronteras

No sólo hay preocupación de analistas y partidos en México de que pudiese haber una intervención extranjera mediante redes sociales, hackeos al sistema de cómputo y fake news. El mismo secretario de Estado, Rex Tillerson, durante su visita a México declaró (cínicamente) la preocupación del gobierno de Estados Unidos de una posible injerencia rusa en el proceso electoral de 2018.

Es mucho cinismo el de Tillerson porque, aparentemente, hacen un llamado a tener cuidado sin que el presidente Donald Trump decida tomar represalias en contra de sus amigos, que quiera o no lo apoyaron para llegar a la presidencia. Lo fascinante también es que hay mucha, pero mucha información de cómo el gobierno ruso apoyó a Trump, al posible candidato demócrata Bernie Sanders y a Jill Stein, la candidata del Partido Verde (sí, también el Partido Verde en Estados Unidos se mete en serios problemas electorales).

Muchos de estos detalles salieron a la luz en la acusación formal (indictment) que presentó la semana pasada Robert Mueller, fiscal especial para la investigación de la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos. La acusación detalla cómo la Agencia de Investigación de Internet, una organización rusa, comenzó a operar en 2014 para interferir en el sistema político de Estados Unidos, incluyendo las elecciones de 2016. Los involucrados en esa acusación se hacían pasar, supuestamente, como estadounidenses, crearon falsas personalidades y operaban en páginas de redes sociales y grupos diseñados para atraer a la audiencia estadounidense. Dos de los ciudadanos rusos inculpados aparentemente viajaron a Estados Unidos, en 2014, para reunir inteligencia para sus operaciones.

En la acusación, se define que la meta estratégica de la Agencia de Investigación de Internet era el “sembrar discordia en el sistema político de Estados Unidos”, incluyendo las elecciones. De acuerdo con el documento, los rusos publicaban “información despectiva sobre varios candidatos, compraron anuncios y se comunicaron con personas ligadas a la campaña de Trump para poder coordinar actividades políticas”, dice la acusación.

En febrero de 2016, la Agencia de Investigación de Internet mandó un memorándum a su personal diciéndoles que publicaran contenido político en las redes sociales, y que usaran cualquier oportunidad de criticar a la candidata Hillary Clinton y al resto, con la excepción del senador Bernie Sanders y Trump, ya que, según la acusación, el memorándum decía que a ellos dos se les apoyaría. La acusación menciona que 13 de los inculpados trabajaban para la Agencia de Investigación de Internet. No se menciona a ningún ciudadano estadounidense en la acusación, pero sí que hubo comunicación entre funcionarios de la campaña de Trump –sin mencionar sus nombres y refiriéndose a ellos como 1, 2 y 3– y los acusados rusos.

En un tuit, Trump arremetió contra la investigación Mueller y se lanzó contra el expresidente Obama y le cuestionó: “Obama era presidente antes de las elecciones de 2016, ¿por qué no hizo nada respecto a la intromisión de Rusia?”

La pregunta es válida: ¿Por qué no hizo nada la Casa Blanca para detener esta injerencia? Probablemente asumieron que más allá de la ayuda rusa, Hillary Clinton ganaría y esto sería meter ruido a un proceso electoral que ya parecía que estaba cocinado a favor de la demócrata. ¿No sería interesante que se compartiera con otros gobiernos? El problema es que, al igual que Trump, no es claro qué asesores u operadores políticos estarían encantados de recibir apoyo de un gobierno extranjero para ganar las elecciones.

¿Qué pasaría en México si el gobierno y las corporaciones de inteligencia identificaran injerencia extranjera indebida en las elecciones? ¿Prevenirlo o hacerlo público dependería de quién va arriba en las encuestas?

También es un error pensar que la injerencia indebida en las elecciones sería cibernética. Hagamos un poco de historia: corría el año de 1998 y justo en esa época preelectoral arrancó el proyecto Amigos de Fox, destinado a financiar la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada. Tres años después de que Fox fuera electo presidente de la República, las investigaciones probaron que la asociación Amigos de Fox inyectó dinero de manera ilegal a la campaña del guanajuatense, y el 20 por ciento de ese dinero (por lo menos unos 10 millones 900 mil pesos) provenían del extranjero. En 2003, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) multó a al Partido Acción Nacional (PAN) con la suma de 400 millones de pesos por las irregularidades en el manejo de recursos que provenían de Amigos de Fox, pero Lino Korrodi no fue sancionado.

Ahora Lino está con AMLO. Interesante.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.