Ya se politizó el tema del combate a la corrupción, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no se haya dado cuenta. O tal vez sí se dio cuenta y es parte de una estrategia, cuyo objetivo no es combatir la corrupción, sino afianzar el poder. O debilitar los pesos y contrapesos. O buscar que todos seamos conejitos de India de un gran experimento. Pero el anunciar que el presidente no es corrupto y que esto se traduce en que el resto de su gobierno tampoco lo será, no es una estrategia. En el mejor de los casos, buenas intenciones o ingenuidad. En el peor de los casos, las intenciones de Andrés Manuel López Obrador es usar la cruzada anticorrupción como la espada que amenaza con escarnio público y persecución política y penal en contra de sus opositores y enemigos de la cuarta transformación.
Perdonen la desconfianza, pero es difícil encontrar un país donde el gobernante, asegurando ser incorruptible, no haya caído personalmente él, o su círculo cercano, en el abismo de la corrupción, degradando su capacidad de gobernar (que le pregunten a Peña Nieto). La otra opción es que AMLO use la persecución de los corruptos de una forma autoritaria y decidiendo a quién se perseguirá y quién tendrá la protección del presidente (de nuevo, que le pregunten a Peña).
En ambos casos sería catastrófico para AMLO y para México.
Lo que el país necesita es crear un SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (no olvidemos las reformas constitucionales de hace tres años), donde haya instituciones independientes –esto les da credibilidad y transparencia– para que todos puedan observar y cuidar, con participación de la sociedad civil, procesos y procedimientos claros y transparentes para licitaciones y contratos con el gobierno, funcionarios bien pagados y capacitados, y medios de comunicación nacionales e internacionales dispuestos a informar actos de corrupción. También ayuda si el país es miembro o ha firmado acuerdos multinacionales en los que se compromete a implementar mejores prácticas y combatir la corrupción.
Suena bastante sencillo, verdad. Combatir la corrupción tiene décadas de estudios y evaluaciones, donde se buscaba cuáles serían las mejores prácticas para países desarrollados y en vías de desarrollo. Tuve la oportunidad de trabajar en programas de capacitación a finales de los 80 con Robert Klitgaard, autor de un libro fundamental sobre el tema Controlling Corruption (Controlando Corrupción). Interesante el título, porque la premisa era que la corrupción no se puede erradicar, pero sí se puede controlar.
La desconfianza a las intenciones del presidente surge ante la realidad de que la receta que proponen la mayoría de los expertos (seguramente serán neoliberales) va en contra de muchas de la doctrina de la cuarta transformación: desconfianza en las experiencias internacionales, debilitar la burocracia reduciendo salarios y personas con conocimientos, desconfianza en el papel de la sociedad civil como contrapeso al gobierno, negligencia a la importancia de procesos y procedimientos, dejando que sea el presidente el que decida a quién se persigue y a quién no; quién puede licitar y quién no. Y una apuesta no a la prevención, sino a la persecución.
Ahora se reformó la Constitución para que actos de corrupción sean delitos graves y se permita encarcelar, con relativamente poca evidencia, a los corruptos. Pero el dilema para el presidente será que los actos de corrupción que se persigan bajo esta nueva reforma constitucional, tendrán que ser funcionarios de Morena, seguramente, ya que ellos controlan los gobiernos nacional y estatales, así como las legislaturas. Esta poderosa arma se usará para dispararse en el pie de Morena.
Es tal la desconfianza que hay en este momento sobre las intenciones de AMLO para combatir la corrupción, que su propuesta para crear una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) especializada en el combate a la corrupción, se asume como un paso más para debilitar al máximo tribunal, uno de los más importantes contrapesos que existen en una democracia.
Además de que NO SE NECESITA UNA SALA MÁS. Se necesita implementar el Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobó hace tres años. Pero eso requiere que los funcionarios que lo integrarían fueran independientes, y eso tampoco le agrada al presidente. La experiencia en nombramientos y ratificaciones hasta la fecha nos indica un presidente que está dispuesto a nombrar incompetentes o aliados a él o a la cuarta transformación, no a personas que podrían contribuir a la transparencia y a la reducción de la corrupción.
Presidente, no confíe en proclamar que no habrá corrupción en la cuarta transformación, porque esto podría ser su talón de Aquiles.