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13/02/2019
Actualización 13/02/2019 - 13:37

Por fin el jurado encontró a Joaquín El Chapo Guzmán culpable de todos los cargos que se le imputaban, asegurando que probablemente pasará el resto de su vida en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos. El hecho de que hayan tardado seis días para llegar a esta conclusión, probablemente produjo un poco de nerviosismo, especialmente en México. ¿Qué pasaría si no lo encontraban culpable? ¿Regresaría a México?

El problema no fue que el jurado dudara de su culpabilidad, después tres meses del 'juicio del siglo', 56 testigos (14 de ellos protegidos), 200 horas de testimonio que analizar, cajas y cajas de evidencia que entender, no sorprende que necesitaron más de 34 horas de deliberaciones.

El problema para el jurado era que había demasiada información que revisar para condenarlo. De hecho, el instructivo o manual que le proporcionaron al jurado, que debería ser su guía durante las discusiones para decidir si El Chapo era culpable, era de ¡sesenta hojas!

Más allá de las implicaciones que pudiera tener el resultado de este juicio en las organizaciones criminales de México, Estados Unidos y Colombia, es importante analizar la transcripción de este juicio, considerar los esfuerzos y recursos para poder condenar a El Chapo, y hacernos las dos preguntas del millón: ¿Valió la pena? Y, ¿tendrá un impacto en las organizaciones criminales que tanto afligen a México?

La respuesta podría ser no.

Les aseguro que este no es un argumento de que 'legalizando las drogas' se resuelve todo el problema de violencia en el país. Simple y llanamente no es cierto, desechen esa idea por ahora.

Lo que requiere México para poder reducir la violencia, es encontrar una estrategia para debilitar a las organizaciones criminales, a tal nivel que permita a las autoridades investigarlos, arrestarlos, enjuiciarlos, condenarlos y asegurarse de que cumplan penas ejemplares. Esta estrategia debe de darle prioridad a las organizaciones que más violencia ejercen contra la población, los que más hayan participado en masacres y desapariciones masivas. También deberá darle especial atención a las organizaciones que cuestionan la rectoría del Estado, amenazan y matan funcionarios –policías, fiscales, jueces, presidentes municipales, etc–. Y, sobre todo, arremeter contra las organizaciones que literalmente tienen control territorial sobre las diferentes regiones del país.

Después de millones y millones de dólares, 10 años investigando al Cártel de Sinaloa, pruebas que provenían de casi 10 países, la condena al Chapo no cambia nada en México. Podríamos argumentar que el incremento de la violencia en México, en parte, fue resultado de las guerras intestinas por el negocio que dejó El Chapo, supuestamente en manos de sus hijos.

El gobierno debió buscar ocupar los espacios que abrieron el arresto y extradición del Chapo Guzmán, asegurando el control y no dejando crecer a otras organizaciones criminales. Siempre habrá algún criminal que buscará llenar y controlar los espacios que abandona el Estado.

Obviamente el juicio contra El Chapo fue un éxito para el gobierno de Estados Unidos, y tal vez pudieran argumentar que se redujo el tráfico de ciertas drogas y la violencia en algunas ciudades estadounidenses. Pero más que nunca, la droga que mata a los estadounidenses es la heroína, fentanilo y otros oxiácidos, que en su mayoría provienen de México.

Y el famoso muro de Trump no va a cambiar esa realidad.

El Chapojuicio también es un recordatorio de lo difícil que es enjuiciar a los diferentes líderes del crimen organizado, las medidas de seguridad que se implementaron fueron casi históricas. Después de escuchar los detalles de cómo el Cártel de Sinaloa torturaba y asesinaba a sus enemigos, fue para los involucrados en el juicio y los medios de comunicación una justificación de las medidas extraordinarias tomadas. Un juicio similar en México sería casi imposible, considerando lo peligrosas que son estas organizaciones.

México necesita aprovechar la información y los testigos que surgen de este juicio para combatir otras organizaciones y detener su crecimiento.

Y si el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo, y de la Defensa Nacional, general Luis C. Sandoval, así como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, no entienden esta realidad y siguen con la política de pacificación del país, haciendo uso mínimo de la fuerza de Estado, su estrategia no sólo fracasará, si no que incrementará aún más la violencia en contra de la población. Tampoco el no perseguir a las autoridades que una vez u otra apoyaron al crimen organizado tiene sentido. Una pax narca nunca va a funcionar.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.