Análisis sin Fronteras

¿Quién tiene la responsabilidad de la negociación o del sometimiento?

Es peligroso e irresponsable pensar que el clérigo, ministros o la sociedad civil, en un acto de desesperación, deberían asumir la responsabilidad de negociar con criminales.

¿Negociación o sometimiento? Reconozco que no es la primera vez que título una de mis entregas con esta interrogante. Y es que, de nuevo surge este debate, ante la noticia de que cuatro obispos del estado de Guerrero buscaron una “tregua” para reducir la violencia entre grupos criminales de Tierra Caliente y de la Sierra. Y, a pesar de la credibilidad que conlleva la sotana, el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, tuvo poco éxito. Me parece que podemos inferir que la violencia continuará o incrementará en Guerrero.

Hay que reconocer la valentía de estos clérigos, buscando llenar los vacíos que ha dejado el estado mexicano que permitió que se empoderaran las organizaciones criminales. Tratar de mediar o negociar entre grupos criminales es terriblemente peligroso, y si uno de estos grupos se siente insultado, defraudado o amenazados por el proceso, matan a sangre fría.

Cuando se le preguntó al presidente en la conferencia mañanera sobre las actividades de estos obispos en Guerrero, parecería dar luz verde a estos acercamientos con organizaciones violentas en el país reconociendo el papel que ha jugado la iglesia en la “pacificación” del país: “lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado”, dijo el Presidente.

¿Qué quiso decir el presidente cuando dijo que “todos tenemos que contribuir a conseguir la paz”? ¿Además del clérigo y ministros religiosos, está promoviendo el presidente que las autoridades locales y las poblaciones que son víctimas de estos criminales negocien con sus agresores?

Esto claramente no es una negociación, es sometimiento. Especialmente ante la realidad de lo que representa la estrategia de “abrazos y no balazos” para la población en áreas controladas por el crimen organizado: las organizaciones no les tienen miedo a las autoridades y saben que es poco probable que vendrán a intervenir estos municipios. Especialmente en este momento, faltando menos de cuatro meses para las elecciones en México.

De hecho, ante los altos índices de violencia que se vive en un porcentaje importante del país, y la poca efectividad que han tenido actores como los obispos de Guerrero, ¿quién va a negociar para que se permita que se lleven a cabo elecciones en estos municipios? ¿Hay expectativas de que también será el clérigo quien trate de mediar con estos grupos para que no maten candidatos?

¿Quién tiene la responsabilidad de “negociar” o de “mediar” para defender el proceso electoral en el país?

Esto no es una pregunta vana y retórica: La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Soto, comentó públicamente que sí es posible anular las elecciones ante la injerencia del crimen organizado, si es que existieran pruebas contundentes. El INE ha sido bastante contundente en delimitar sus responsabilidades ante la eventualidad de que el crimen organizado intimide o mate a candidatos.

Y este es el problema de negociar con organizaciones criminales: a cambio de no matar a pobladores, incendiar los negocios o secuestrar mujeres, ¿qué pueden ofrecerles los obispos o las autoridades?

También hay que considerar el manto de credibilidad que le otorgan a estos grupos criminales, el negociar con el clérigo, quienes obviamente se consideran una autoridad en estas comunidades. No es en balde que ambas candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, buscaron tomarse la foto con el Sumo Pontífice. Ambas entienden el valor político y la credibilidad que les infiere vincular su imagen con la del Papa Francisco.

De igual forma, las organizaciones criminales seguramente aprecian la importancia de que la población no solo vea los esfuerzos que hace la iglesia para buscar mitigar el impacto de la violencia. Pero también fortalece la imagen de invencibilidad que se tiene de estas organizaciones cuando literalmente estos criminales mandan a volar a los representantes de la iglesia.

Esto no es negociar, es someter a la población a los intereses de estos criminales. Y es peligroso e irresponsable pensar que el clérigo, ministros o la sociedad civil, en un acto de desesperación, deberían asumir esta responsabilidad.

Fue el mismo presidente quien dijo esta semana “la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado”.

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