El impacto de ‘Guacamaya Leaks’ en la seguridad nacional del México estará por verse. Y podría ser catastrófico.
Hasta el momento, los recuentos periodísticos han subrayado aquellos temas que permiten con interés periodístico del momento: la salud del presidente, reportes de compra y uso de espionaje en contra de periodistas, aún más información que no se había hecho pública sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, reportes y memorándums sobre diferentes grupos armados, alcaldes con vínculos al crimen organizado, rusos entrenando paramilitares, intenciones de Sedena de instalar su propia línea aérea, y hasta las frivolidades del Secretario de la Defensa regalando gafas de sol Cartier con un valor de 24 mil pesos en el mercado. Toda esta información plasmada en diferentes medios nacionales e internacionales en menos de una semana desde que se publicó el primer reporte en Latinus.
En menos de siete días todas estas revelaciones. Y solamente es la punta del iceberg de los 6TB de información que extrajo el grupo hacktivistas nominado ‘Guacamaya’. Y en los siguientes meses, tal vez años, seguirá fluyendo gotas y después ríos de información.
Inicialmente mucha de la información servirá para cuestionar las posiciones del gobierno, cuestionar las políticas del gobierno federal y sobre todo balconear las contradicciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa y las Fuerzas Armadas.
¿Es injusto el maltrato público que enfrentarán las Fuerzas Armadas a la luz de la filtración de los ‘Guacamaya Leaks’? Sí lo es. Especialmente considerando el patriotismo y valentía que han demostrado las tropas hacia la población, particularmente en situación de crisis o desastres naturales. El problema nunca ha sido las tropas, sino los mandos. Y en este caso, los mandos decidieron apostarle afianzar su poder político y económico amarrando el destino de las Fuerzas Armadas al presidente López Obrador. Después de la 4ta transformación todo cambiará y la relación cívico militar no será igual.
Lo más irónico es que fue en esta semana que se selló constitucionalmente hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Haber permitido que esto sucediera, no solo en la forma tan desaseada que se aprobó, sino el impacto en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército.
Al aprobarse la reforma constitucional, casi al mismo tiempo que se filtra la información de ‘Guacamaya Leaks’, se hace pública la información que maneja, que esconde, la Secretaría de la Defensa, bajo el rubro de seguridad nacional.
Ahora, ante la reforma constitucional, asegurando la participación de las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad pública, la pregunta a responder es: cómo van a separar las funciones de seguridad pública de seguridad nacional. Para subrayar la importancia de esta diferenciación hay que preguntarse: De los 6TB divulgados por los hacktivistas, cuánta de esta información debe de considerarse como material de seguridad pública que tiene un régimen diferente a la información clasificada de seguridad nacional. ¿Cuál es la diferencia de espiar por razones de seguridad nacional o recolectar información de seguridad pública?
Esta diferenciación es fundamental porque si algo surge de la negligencia de proteger los servidores de la Sedena es que la gran cantidad de información relevante, que debería hacerse pública simple y llanamente como parte de la legislación de transparencia (e.j. los contratos del Tren Maya, las regalos que compra el Secretario de la Defensa, las acusaciones de abuso sexual) de la “inteligencia” que claramente debe de considerarse de seguridad pública: información de organizaciones criminales, vínculos de alcaldes a grupos de narcotráfico, paramilitares capacitados por nacionales extranjeros, toda esta información debe de transmitirse a la Fiscalía General para su uso en perseguir criminales y delincuentes.
‘Guacamaya Leaks’ permite ver la información que maneja Sedena y será difícil justificar, negar peticiones relacionada a la información balconeada. Pero lo más grave es que más allá de los periodistas y académicos que estemos evaluando y analizando la información, los enemigos del Estado mexicano, gobiernos extranjeros, narcotraficantes, grupos armados, eventualmente tener acceso a la información. Y estos sabrán cómo espía el gobierno mexicano, con qué herramientas, quién les da la información, a quién han interceptado y a quiénes están dando seguimiento físico y electrónico. El gobierno se quedó ciego y sordo debido a estas filtraciones.
Fueron descobijados.
Pero además, rápidamente se están quedando sin justificación de seguridad nacional y el porqué de tener un Ejército, marinos y pilotos. ¿No sería mejor empezar a reclutar civiles técnicos que ejercerán las funciones policiales y empresariales?