Opinión

Amnistiar a las autodefensas para su legalización


 
 
Carlos Javier González
 
 
Aunque parezca ser positiva la firma de un acuerdo entre el gobierno federal y las autodefensas para que éstas se incorporen a la legalidad, la realidad es que dicho acuerdo tiene una falla de origen que puede poner en riesgo su viabilidad. Independientemente de la voluntad política que han mostrado todos los actores involucrados de lo que parece ser "el bando de los buenos" para lograr la regularización de estos movimientos comunitarios mediante su incorporación a las fuerzas militares, la propuesta es incompleta y, tal como se plantea es violatoria de la Constitución. En este mismo espacio hemos explicado que no es factible llevar a cabo una "delegación" o "subrogación" de las facultades y obligaciones de parte del Estado en sus tres niveles de gobierno, según lo determina de manera preclara el párrafo noveno del artículo veintiuno de la Constitución que imperativamente da la obligación a las autoridades de llevar a cabo las funciones de seguridad pública, para precisar de manera clara en su inciso d) que la participación de la sociedad en la materia, deberá de realizarse en cuanto a la evaluación de las políticas públicas de prevención del delito  y de las instituciones de seguridad pública. En este contexto parece una audacia del gobierno federal la invitación a incorporarse a las áreas de seguridad pública a aquellos que durante mucho tiempo han estado fuera del marco legal -incluso, han llegado a cometer delitos del orden federal y del orden local- sólo basado en lo que dispone la Ley Orgánica del Ejército, que  convierte a dichos guardias en parte de la estructura militar por un plumazo, cuándo ni siquiera se ha logrado articular una ley respecto a la intervención del Ejército en materia de seguridad pública. Es entendible la actitud del gobierno al pretender atraer a un lado de la ecuación michoacana que comparta sus fines y sobre todo, que le genere aceptación social.
 

Tal parece que las autodefensas están destinadas a convertirse en una especie de catalizadores de la aprobación social para la intervención de las fuerzas federales en dicho estado. Pero lo verdaderamente relevante, es que los integrantes de dichas autodefensas son culpables de violentar el marco jurídico vigente incluso con implicaciones penales.
 
¿Se incorporarán a las fuerzas de seguridad pública -como lo propone el gobierno- fuerzas que se encuentran fuera de la ley? Ha quedado demostrado que la intención del gobierno federal -y de lo que queda del gobierno de Michoacán- es tolerar dichas inobservancias a cambio de que se queden de su lado. El gobierno federal ha dicho que requiere que se respete el estado de derecho…pero es el primero en violentarlo.
 
Al aceptar las autodefensas como parte de la seguridad pública viola el artículo veintiuno, noveno párrafo de la Constitución. Pero además, es inconcebible que se incorporen a dichas labores quienes están al margen de la ley. En este contexto, lo primero que deben hacer los gobiernos federal y local de Michoacán es estudiar los delitos que pueden haber cometido los autodefensas en los ámbitos local y federal, y enviar a sus congresos una iniciativa de Ley de Amnistía que deje sin efecto la acción penal originaria por dichos delitos. Una vez que dichas personas se encuentren sin delitos, entonces se podrán incorporar a cuerpos policiacos ordinarios como cualquier persona y, si es su deseo, al ejército mexicano como guardias rurales. Pero si los gobiernos son omisos en esta ruta jurídico constitucional elemental, los esfuerzos de la política están destinados al fracaso.
 
Es por ello que si realmente se pretende mantener el Estado de derecho y no sólo simular que lo hacen, antes de "legalizar" deben amnistiar a los autodefensas y no incorporar a las fuerzas regulares, a un grupo de personas que violan la ley. Eso sería estado de derecho. Lo demás, son patrañas.

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