En la vorágine de información que a diario fluye, particularmente en el ámbito político-legislativo, se quedan en el tintero diversos asuntos que no son de coyuntura, sino que requieren de políticas públicas de gran calado para su atención, ya que afectan a un gran número de mexicanos.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevó a cabo el foro de Educación Sexual Integral: Experiencias Educativas, donde salieron a la luz cifras espeluznantes en torno a los abortos clandestinos, que son entre 750 mil y un millón al año, práctica que afecta principalmente a mujeres de bajos recursos.
El reporte del Instituto Guttmacher precisa que el 10 por ciento de los abortos se relacionan con abusos sexuales, y estos son sólo los casos que se registran, debido a que por la secrecía de la familia de la mujer afectada hay otro porcentaje que se desconoce.
Es decir, seguramente son más los abortos clandestinos que se hacen en México.
El aborto es la cuarta causa de muerte en mujeres jóvenes por procedimientos mal realizados.
En nuestro país la práctica del aborto es más común de lo que se piensa, pues de acuerdo con los sistemas oficiales de información del sector salud integrado, de 2000 a 2016 se registraron más de tres millones y medio de atenciones por aborto.
Estas cifras negras obligan necesariamente a que los congresos locales de aquellas entidades en donde no está legalizado, consideren la vulnerabilidad de este sector de la sociedad ante el flagelo que significa el aborto clandestino.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara baja, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, de Morena, destacó que el embarazo de niñas y adolescentes es violencia hacia las mexicanas y debe de parar: "Tenemos que trabajar desde la prevención, así como la atención, pero sin cerrar los ojos a temas más amplios, como la despenalización del aborto".
Puntualizó que muchos de los embarazos no deseados que culminan en una interrupción se deben al inicio de una vida sexual sin información ni acceso a métodos anticonceptivos. Además, la clandestinidad de los procedimientos puede incluso provocar la muerte de niñas, adolescentes y mujeres que no tienen recursos económicos.
Cierto, es un tema plagado de tabúes y de resistencias formidables de los grupos religiosos, empero es tema que requiere atención inmediata del Estado.
La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), coordinadora nacional de los foros regionales sobre Progresividad de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, consideró que el derecho de las mujeres a decidir ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, forma parte de los tratados internacionales firmados por México, así como en los organismos mundiales.
Esto, agregó, se traduce en que es una realidad que no es parte de una sola ideología o un partido político; sin embargo, alertó, la Ley General de Salud sigue omisa en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. "El Estado no protege a la mujer si decide o no continuar con su embarazo".
La mujer que quiere practicarse un aborto se enfrenta a la discriminación por su lugar de residencia, ya que hay entidades de la República en las que está penalizada esta práctica, como Querétaro y Guanajuato, mientras que en otras, como en la CDMX, está legalizada siempre que se practique antes de las 12 semanas de gestación y por las 8 causales que recomienda la OMS.
El presidente López Obrador no ha definido su posición en torno a este escabroso tema, sólo se limitado a contestar: "Yo creo que no debemos abrir esos debates, vamos a serenar al país, hay muchos temas importantes, pero vamos a priorizar".