Una auténtica bomba de tiempo tiene la Cámara de Diputados con los resultados de la Cuenta Pública 2019, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que son alarmantes y habla de que el supuesto combate a la corrupción esgrimido todos los días por el presidente López Obrador, sólo está en el discurso porque en la práctica los resultados son escandalosos.
Del monto total observado (25 mil 748 millones de pesos), 14 mil 47 mdp, el 54.6 por ciento, correspondió a falta de documentación comprobatoria; el 8.0 por ciento a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5 por ciento a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos y sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y el 4.9 por ciento a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. El 26.0 por ciento restante correspondió a otros conceptos.
Tras un retraso de varios meses, por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, la ASF entregó el pasado 30 de octubre a la Cámara de Diputados 487 informes individuales del gasto público ejercido en 2019 por los tres órdenes de gobierno.
El primer año de gobierno del actual régimen, como era de esperarse, por la curva de aprendizaje de un gobierno bisoño y por el nulo respeto al marco jurídico que regula el ejercicio de los recursos públicos, las observaciones emitidas por el órgano revisor se fueron a las nubes, precisando irregularidades en 14 mil 47 mil millones de pesos.
Algunas de las observaciones seguramente serán solventadas, pero la mayor parte representan un daño patrimonial al erario público y eso sin considerar que no se hicieron públicas las derivadas de la revisión de las cuentas de las tres obras insignia del gobierno de la 4T; la refinería submarina de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, en donde los reportes preliminares hablan de una corrupción escandalosa.
En el caso del gobierno federal, la diputada perredista, Verónica Juárez Piña, ha dicho que "resulta preocupante que esta revisión del órgano de fiscalización no incluya los programas prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez; ni las megaobras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía".
"Estos son los programas y proyectos donde el gobierno federal está destinando la mayor parte del presupuesto público, incluso en el marco de la emergencia sanitaria y de la crisis económica", recordó la diputada federal por Jalisco.
"Esto no sólo contradice el supuesto combate a la corrupción, sino que coloca un manto de impunidad sobre estos programas y megaproyectos que son prioritarios del Presidente que, además, se están utilizando con fines clientelares rumbo a las elecciones de 2021".
Una de las dependencias con el mayor número de observaciones, en plena crisis sanitaria, es la Secretaría de Salud y en parte esto obedece a la decisión presidencial de otorgar los contratos del sector sin licitaciones de por medio, que ha resultado contraproducente porque en muchos casos se han entregado equipos a sobreprecio e inservibles y se ha generado desabasto de medicamentos.
De acuerdo a la ASF, de los 25 mil 748 mdp que se deben aclarar en el primer año de este gobierno, los fondos y programas del sector Salud representan 80.76 por ciento del monto total observado.
Según el órgano de fiscalización la suma de tres programas del ramo da 20 mil 794.1 millones de pesos, siendo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) el que resultó con las de mayores irregularidades, al no justificar 9 mil 536.6 millones de pesos.
El Seguro Popular no pudo justificar el destino de 8 mil 499.6 millones, en tanto que el Programa de Atención a la Salud de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, tiene pendiente de aclarar 2 mil 667.9 millones de pesos
Por ello, la legisladora perredista sugirió que el Fondo de Gastos Catastróficos no debería de desaparecer sino hasta que se hayan solventado las irregularidades detectadas y el propio Fondo hubiese sido auditado.
Destacó que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, la renegociación de los famosos 'contratos leoninos' costará más de 6 mil 800 millones de pesos, lo que evidentemente es un daño patrimonial que debe ser castigado.
El gobierno federal no sólo causó un daño irreparable a la población al aplicar una política de austeridad irresponsable en el sector de salud e implementar una política fallida contra la pandemia; sino que ha hecho un uso poco eficiente y opaco de los recursos públicos.