Después de que varios estados fueron endeudados hasta el límite, sin que la Federación tuviera control sobre ello, se les obligó a registrar sus pasivos y sus niveles de endeudamiento ante la SHCP, lo que significó una extraordinaria medida que terminó con que cada gobernante en turno asfixiara a las finanzas estatales.
Una especie de semáforo para calificar el grado de riesgo en que los estados y municipios estaban corriendo si el tema de la deuda empezaba a comprometer a la administración y, desde luego, a la gestión pública
Por ello, varias fracciones partidistas en San Lázaro, como la del PRD, respaldaron con su voto a favor el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que regula las deudas de estados y municipios; a fin de facilitarles el margen de un año para posponer pago de intereses que les permitan obtener liquidez y recursos frescos para enfrentar la crisis sanitaria y sus efectos económicos.
Estamos reconociendo, señaló el legislador Antonio Ortega, una situación emergente que la ley no tenía prevista. "No se pensó que enfrentaríamos una situación de emergencia sanitaria ni la necesidad de dar a los estados y municipios (que tienen deudas contraídas) condiciones de aligerar sus obligaciones de pago de intereses y contar con una opción que les permita atender una emergencia, como es en este caso el tema sanitario".
Ante el problema de la pandemia el Ejecutivo federal ha renunciado al 'pacto fiscal', pues en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha optado por la agresión y no el apoyo a estados y municipios
Durante la reunión de la Comisión de Hacienda para debatir la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal 2021, Ortega Martínez, secretario de esta comisión recordó que la ley que está siendo modificada data de 2016, propiciada por la crisis que generó el endeudamiento de varios estados; pero de manera específica Coahuila que terminó en 37 mil millones de pesos, con firmas del Congreso falsificadas, ocultamiento y un endeudamiento de la población para muchos años, lo cual la hizo necesario,
El legislador perredista criticó que, encima que el gobierno de AMLO no da respiro ni oportunidad a los mandatarios de estados y municipios para tomar medidas ante la pandemia, les ha reducido casi 300 mil millones de pesos de participaciones en lo que va de su gobierno. Dijo que en 2019 las participaciones para ellos cayeron en más de 40 mil millones de pesos; igual que en este 2020 que presentó una reducción mayor; mientras que para el próximo 2021 están contemplados 115 mil millones de pesos menos.
La reforma en cuestión ayuda a los estados y municipios a tener liquidez, a flexibilizar sus posibilidades de renegociar sus deudas con la banca de desarrollo y comercial para tener recursos que les permitan implementar políticas públicas y gestiones para atemperar los impactos de la crisis sanitaria del Covid-19.
La reforma no tiene dedicatoria, no es para ningún partido político o gobernante en especial, es una medida pareja para todos que busca darles un respiro económico.
Antonio Ortega advirtió: "Quizás un año de respiro les ayude a estados y municipios a atender obligaciones que hacen correr el riesgo a algunos de ellos, de recibir calificaciones crediticias a la baja e incurrir en crisis de pagos; aumento de intereses para renegociar sus pasivos; pero lo importante -enfatizó- es que se abre la posibilidad de puedan destinar reservas para contratar personal, por ejemplo, en el tema sanitario: médicos, enfermeras y trabajadores que, sin esta reforma, estarían restringidos".
La reforma 'afloja' candados, aligera las obligaciones de los estados y municipios con sus acreedores; pero mantiene intocable el tema de transparencia y el registro y conocimiento público de las deudas.