Temerarias, irresponsables y sin sustento, las acusaciones endilgadas a 10 exservidores públicos que en diversas administraciones trabajaron en el sector energético, y que la mayor parte de ellos son personajes públicos de reconocido prestigio, como el mismo expresidente Felipe Calderón, Pedro Aspe o que decir del ingeniero Alfredo Elías Ayub, tan sólo por citar algunos.
La lista de "acusados" por Manuel Bartlett parece más una cortina de humo para tapar las incapacidades del nuevo gobierno en resolver los acuciantes problemas por los que transita el país, que una acusación sustentada en hechos y sobre todo en delitos, que a decir de AMLO y el exsecretario de Gobernación en tiempos de Miguel de la Madrid, se fraguaron en la participación de la privatización de la CFE, en promover su desmantelamiento y permitir que se firmaran contratos leoninos que sólo beneficiaron a los socios privados y que luego sirvieron a las propias empresas que beneficiaron.
El linchamiento mediático que ha hecho López Obrador viola las elementales garantías constitucionales a que tiene derecho cualquier mexicano, amén de que se vulnera aún más la confianza del país ante los mercados e inversionistas internacionales.
Vayamos por partes. El presidente dijo que durante el periodo que trabajaron en el gobierno estos funcionarios, se dio preferencia a las empresas particulares, con lo que se dejó en el abandono la infraestructura de la CFE: "Se dejaron de utilizar y no se modernizaron las plantas hidroeléctricas, por ejemplo; hay 60 con capacidad para producir (energía) limpia y barata y no se llevó a cabo un plan de modernización".
A leguas se nota que Bartlett mal informó al presidente, ya que a lo largo de por lo menos 40 años la CFE ha suministrado energía al país ininterrumpidamente y atendido una creciente demanda de usuarios, con la plena operación de toda la infraestructura. Los indicadores del sector están a la mano y dan cuenta de ello.
Este nuevo boquete que ha abierto AMLO se convertirá en un búmeran que golpeará en la línea de flotación de su gobierno, y por desgracia dañará al país.
La consigna revolucionaria de Pancho Villa, "primero fusilen y luego verigüen", que después, en 1961, se hizo ley en Venezuela durante el régimen de Rómulo Betancourt, se lleva ahora a la práctica, pero en lugar de balazos hay calumnias y linchamiento mediático.
López Obrador señaló que se estudiarán las denuncias que podrían dar vista a la Fiscalía General de la República.
Desde luego no procederá ninguna demanda, empero, eso es lo de menos cuando se trata de desprestigiar a los diez mencionados en la 'lista negra', que por lo pronto ya están sufriendo el escarnio del "pueblo que, como es sabio, también es letrado e informado".
Felipe Calderón de inmediato contestó a la acusación de López Obrador: "En todo el mundo, los consejeros independientes son valorados por su experiencia, incluyendo la gubernamental. El conflicto de interés se evita estableciendo una brecha de tiempo entre el desempeño del cargo y el desempeño profesional. En el caso de México la ley establece un año".
Es de esperarse que varios de los ajusticiados no litigarán en los medios ni en las redes sociales, sino en los tribunales internacionales.
Mientras López Obrador ha sacado otra bomba de humo, recordaremos que sigue el bloqueo de las vías ferroviarias en Michoacán, que al día de hoy han ocasionado pérdidas por 28 mil millones de pesos, además de los empleos perdidos.
Qué decir de la ola de asesinatos que durante la administración del tabasqueño se han disparado, y no hablar del quebranto patrimonial a la nación por 285 mil millones de pesos por la cancelación del NAIM.
Las huelgas, los despidos, el quebranto a las Afore, el desabasto de gasolina y pronto de medicamentos, la baja de calificación de Pemex, violaciones sistemáticas al Estado de derecho…
Todo esto en apenas en 72 días.