Peligro, el Ejército a las calles
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Peligro, el Ejército a las calles

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Peligro, el Ejército a las calles

12/05/2020
Actualización 12/05/2020 - 7:18

Con el Acuerdo que dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria se abre la puerta de par en par a la violación sistemática de los derechos humanos de la población, al tiempo de transgredir el orden constitucional por carecer el presidente de la República de facultades expresas para sacar el ejército a las calles.

Desde la aprobación de la Guardia Nacional, que no es otra cosa que el ejército disfrazado de policía, se advertía el riesgo y ahora en plena crisis por la pandemia, el gobierno federal se encamina hacia decretar un estado de excepción con la irrupción de la fuerzas armadas en la seguridad pública.

Durante más de dos décadas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha expuesto los graves riesgos que plantea la militarización de la seguridad pública a los derechos fundamentales del hombre.

Hay diversos puntos que son torales y que de suyo ya representan un riesgo para todos los habitantes del país.

Algunas de las consideraciones más importantes que ha hecho esta organización internacional dedicada a la investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas apuntan a que un problema fundamental con la militarización de la seguridad pública es que las fuerzas armadas no están entrenadas para interactuar con la población civil.

Las fuerzas policiales civiles están capacitadas para enfrentar las amenazas a la seguridad pública, utilizando la menor fuerza posible, con la confianza y la cooperación de la población. En contraste, los soldados están entrenados para usar la fuerza para vencer a un enemigo en situaciones de combate, haciéndolos incapaces de estar en contacto cercano con civiles.

Si bien la actual Policía Militar de México recibe entrenamiento policial, continúa siendo conformada por soldados que han sido reclutados y entrenados por las fuerzas armadas, y continúan bajo el comando de las mismas.

México es uno de los pocos países en la región que no cuenta con un secretario de Defensa que sea civil, y el gobierno mexicano todavía no ha establecido mecanismos sólidos para garantizar el control civil total sobre los militares (de hecho, el principal papel de supervisión de las fuerzas armadas en el Congreso mexicano es aprobar su presupuesto).

Hay que decirlo con todas sus letras, hasta el día de hoy la militarización de la seguridad pública en México no ha reducido la violencia y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos

La presencia de soldados mexicanos en las calles ha dado como resultado graves violaciones de derechos humanos. Desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 10 mil quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. Entre 2007 y junio de 2017, la CNDH emitió 148 recomendaciones dirigidas a las fuerzas armadas de México por violaciones graves a los derechos humanos, incluidos casos documentados de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza, entre otros.

Con el ejército en las calles se vulnera aún más los débiles mecanismos de rendición de cuentas en relación con violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, también pueden obstaculizar las investigaciones criminales.

Con los militares fuera de los cuarteles pueden asegurar las escenas del crimen, detener sospechosos y ayudar al Ministerio Público en las investigaciones penales. Esto es muy preocupante dado que los soldados y los agentes de la Policía Federal han estado involucrados en múltiples casos relacionados con obstrucción de justicia o la alteración de evidencia. La CNDH ha documentado numerosos casos de abusos cometidos por militares en los cuales los soldados dieron falsos testimonios o alteraron la escena del crimen, incluso plantando armas y drogas o moviendo los cadáveres de las escenas del crimen.

La mejor manera de abordar la inseguridad en México y de combatir a las organizaciones criminales es con investigaciones e inteligencia que conduzcan a condenas y fortalecer las instituciones de la policía civil.

En lugar de pretender terminar con Acuerdos la inseguridad en el país, deben renunciar Alfonso Durazo y los altos mandos de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dar paso a funcionarios capaces de resolver el principal problema que aqueja la población, bueno esto era antes de la pandemia, ahora es la crisis económica, la de salud, etc.

El retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública solo ha sido una entelequia que ahora menos se podrá cristalizar.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.