Onerosos caprichos
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Onerosos caprichos

02/10/2019
Actualización 02/10/2019 - 14:25

Con la postura asumida por el juez federal Juan Carlos Guzmán Rosas en torno a las tres suspensiones definitivas que él mismo concedió y que ahora se retractará, merced a las “nuevas reflexiones y análisis” que hará, se complementan los tres asuntos de gran envergadura que han puesto al gobierno y al mismo país en la antesala de la recesión económica. Uno, la misma cancelación del NAIM; otro, la transformación de Santa Lucía en un aeropuerto comercial; y el tercero, que no se le ha prestado la atención debida, el parón a la economía por el desabasto de gasolinas en aras de una supuesta guerra contra el huachicoleo.

Vayamos por partes, de acuerdo con la información que publica el diario Reforma, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa ya rechazó incluso que se tengan que conservar las obras del aeropuerto de Texcoco, como lo había establecido en sus sentencias previas.

Con esta medida se conforma el daño patrimonial a la nación por la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto y que seguramente en el futuro, por supuesto después de 2024, año en que termina el sexenio de López Obrador, tomará fuerza en los tribunales correspondientes.

Al continuar el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía se concretará otro capricho del presidente de la República, ya que a la fecha no existe ni siquiera el proyecto ejecutivo, ni los dictámenes de aviación que indiquen la compatibilidad del espacio aéreo para vuelos comerciales, amén de la abierto rechazo de los pobladores de la región.

Las dos decisiones de AMLO: suspender las obras del NAIM y convertir al aeropuerto de Santa Lucía en un aeropuerto comercial, representa el prototipo del dispendio de los recursos públicos que también es considerado como otra modalidad de la corrupción.

Los colectivos que ahora se han amparado contra la decisión presidencial, no cejaran en su lucha para que, por la vía legal, se reviertan tales acciones que surgen del empecinamiento que no representa ningún beneficio a la nación.

El galimatías en que se metió el propio juez Juan Carlos Guzmán de primero conceder la suspensión definitiva y luego revertirla, da elementos suficientes para impugnar su resolución, aunque en ésta se haya contemplado el argumento del gobierno en considerar al aeropuerto de Santa Lucía dentro del inventario de infraestructura estratégica del país.

Veremos qué tanta validez tiene lo plasmado en la Constitución al considerar al Poder Judicial autónomo e independiente del Poder Ejecutivo y hasta dónde sus fallos consideran el bien de los mexicanos, por encima de decisiones políticas.

La supuesta independencia del Poder Judicial en torno al Ejecutivo se va diluyendo con la actuación parcial de jueces en asuntos que son de gran relevancia, tanto por lo que significa en el impacto presupuestal, como en el mismo desarrollo económico y social.

Los caprichos en torno a ambos aeropuertos, el de Texcoco, por su cancelación y el de Santa Lucía, por su reconversión, impactarán negativamente en el PIB y tendrán incalculables consecuencias económicas que ya se padecen en el primer año de gobierno.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.