El desdén al tema de la violencia de género por parte del gobierno está plasmado en el decálogo que circuló la Secretaría de Gobernación, que preside Olga Sánchez Cordero, el pasado viernes, como respuesta a las protestas de las mujeres en diversos puntos del país.
Por supuesto, también la evasiva respuesta y la ira mostrada por el presidente López Obrador ante cuestionamientos precisos por una activista en la mañanera, así como el mecanismo intimidatorio que se usa en esas conferencias de prensa para inhibir preguntas incómodas o, en el mejor de los casos, privilegiar a "periodistas" para que inquieran a modo del lucimiento del primer jefe del Ejecutivo Federal, pintan de cuerpo entero el menosprecio de la 4T por los feminicidios.
El decálogo en cuestión contempla una lista de buenos deseos sin apuntar una acción concreta de gobierno o una política pública que combata al feminicidio.
Los "mandamientos" que indica el decálogo oficial se refieren a: Estoy contra la violencia; se debe proteger la vida de hombres y mujeres; es una cobardía agredir a una mujer; el machismo es un anacronismo; se tiene que respetar a las mujeres; no a las agresiones de las mujeres; no a los crímenes de odio contra las mujeres; castigo a los responsables; garantizar la seguridad de las mujeres, y garantizar la paz y la tranquilidad en México.
Esta lista pontificia parece más una cartilla de dogmas de alguna iglesia o una retahíla de buenos deseos pronunciados por algún sacerdote.
Lo que se requiere es toda una estrategia nacional de los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para articular las acciones que permitan combatir de fondo la violencia de género con acciones medibles y con presupuesto suficiente.
Es claro que para el gobierno de la 4T no son prioridad las mujeres debido a que no existen políticas públicas creadas por ellos, para combatir la impunidad y la violencia contra las féminas.
El aumento de feminicidios es alarmante y lejos de disminuir se incrementa ante la mirada complaciente del sistema de justicia, que responde más a criterios misóginos que a un combate real contra los asesinos y agresores.
Se habla de 11 homicidios diarios contra mujeres en el país y son Veracruz, Estado de México y la CDMX las entidades con mayor número de víctimas.
Mientras que en la Cámara de Diputados se pretende retomar tardíamente 23 proyectos de reforma a diversas leyes que buscan incrementar el castigo por el delito de feminicidio, desde el Ejecutivo se pugna por desaparecer este delito, pero ante el rechazo a esta aberración, hubo marcha atrás, en cualquiera de los casos, está claro que para el presidente López Obrador no es prioridad el tema de la violencia contra las mujeres.
Los colectivos de las mujeres no se amedrentan ante la indiferencia y los ataques del gobierno, al contrario, se aprestan a defender la causa en todos los frentes en protestar por la violencia de género.
La narrativa que se pretende construir a diario desde Palacio Nacional se diluye, sobre todo cuando se habla de violencia de género y el grado de impunidad que prevalece en el tema.