La SCJN consolida su independencia y dignidad republicana
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La SCJN consolida su independencia y dignidad republicana

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La SCJN consolida su independencia y dignidad republicana

13/05/2020
Actualización 13/05/2020 - 15:42

Para aquellos que dudaban de la independencia del Poder Judicial ante el Ejecutivo se llevaron un chasco con la invalidez de la llamada ‘ley Bonilla’, en donde varios miembros del gabinete del presidente López Obrador y él mismo, habían expresado su apoyo al albazo contra la democracia que pretendió dar el Congreso local y el propio gobernador Jaime Bonilla.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado prestancia, dignidad, ejemplo de soberanía y de justicia constitucional a la tarea del Poder Judicial con la sentencia contra la llamada ‘ley Bonilla’, que pretendía ampliar el mandato del gobernador de dos a cinco años.

La procuración de justicia conforme a los máximos preceptos constitucionales y leyes en la materia requiere de juzgadores imparciales, incorruptibles y sensibles ante los reclamos de la sociedad y de aquellas víctimas que pasaron a ser victimarios con la complacencia de algunos jueces.

Con la valiente y soberana sentencia de la SCJN se ha dado un ejemplo de cómo barrer la escalera de la corrupción de arriba hacia abajo, y en un efecto cascada seguramente se replicará tal acción en todos los tribunales del país.

La reforma constitucional impugnada, dice el presidente ministro del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar, incurrió en toda una serie de irregularidades que, vistas en su conjunto, configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático.

El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar, por ley, que se podía burlar la voluntad popular.

Con la sentencia de la SCJN se alza el dedo flamígero contra todos los legisladores locales que transgredieron el marco jurídico y que merecen un castigo ejemplar.

Los medios locales de BC dan cuenta de forma pormenorizada de los sobornos que se entregaron a diputados de todos los partidos políticos por parte, dicen, del Ejecutivo estatal.

Desde San Lázaro, el grupo parlamentario del PRD informó que insistirá ante la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados para que reactive el proceso de juicio político que solicitó contra las y los diputados de Baja California que aprobaron la ‘ley Bonilla’, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional.

La coordinadora perredista, Verónica Juárez Piña, advirtió que “esto no puede quedar impune. Además de pretender pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos de su estado, los diputados que aprobaron la ‘ley Bonilla’ violaron la Constitución de la República y atentaron contra el Estado de derecho, que están obligados a respetar y hacer respetar. Insistiremos en llevarlos a juicio político”.

Por su parte, en los argumentos que esgrimió el ministro presidente Arturo Zaldívar, destaca que el Congreso local violó el periodo de veda electoral, el principio de elecciones libres, periódicas y auténticas, el derecho a votar y ser votado, el principio de no reelección y el de irretroactividad de las leyes. Más aún, y de manera más grave y determinante, la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, previstos en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.