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La pejeconsulta es patito

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La pejeconsulta es patito

18/10/2018
Actualización 18/10/2018 - 12:37

Lo mejor es que los legisladores de Morena no desembolsen sus billetes, que con tanto trabajo ganan, ya que, al final de cuentas, la opción ganadora será Santa Lucía.

Para qué se quiebran la cabeza los organizadores de la consulta en determinar en cuáles alcaldías se levantará el sondeo, si ya está decidido el destino del aeropuerto de Texcoco.

La simulación en todo su esplendor y en ella caen los ilusos.

La encuesta no tiene alcances vinculatorios, es ilegal y anticonstitucional, pero eso es lo de menos cuando de gobernar con tintes populistas y demagógicos se trata.

El artículo 35 de la Carta Magna es claro y contundente al señalar que las consultas públicas sobre temas de trascendencia nacional deberán ser convocadas por el Congreso de la Unión, a petición del presidente de la República en funciones.

La diputada federal del PAN y secretaria de la Mesa Directiva, Mariana Dunyaska García Rojas explicó: “La consulta debió ser convocada por un 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso, ya sea de diputados o de senadores, lo que a la fecha no ha ocurrido e incluso no existe siquiera alguna propuesta”.

En un segundo plano, añadió, la consulta popular puede ser solicitada por los ciudadanos, en un número equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, que en este caso tendría que ser un millón 782 mil personas empadronadas, cosa que tampoco ha ocurrido.

Como se sabe, el organismo que en todo caso debe efectuar la consulta es el INE, a fin de garantizar la transparencia, equidad, imparcialidad, un padrón y un método confiable, y no un comité de adeptos de AMLO, quienes fungirán como juez y parte.

Ya lo hemos dicho en otras colaboraciones, la instauración de la consulta popular por el gobierno de la cuarta transformación es un instrumento para perpetuarse en el poder. Así como ahora se truncará la construcción del nuevo aeropuerto, mañana se expropiará, por el bien de la nación, las propiedades de algún empresario o consorcio internacional, o de plano se impulsará la reelección del presidente en turno.

Apunta la diputada Dunyaska que la Constitución plantea que no pueden ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

En la propuesta de López Obrador se pretende utilizar la base militar de Santa Lucía, lo que pone en riesgo la seguridad nacional, pues dicha base es fundamental para las operaciones aéreas de la Fuerza Aérea, además de que afecta la organización y funcionamiento del Ejército.

En este sentido, afirmó la legisladora, “la pejeconsulta es un fraude y es totalmente ilegal. Si a Morena, al presidente electo y a los promotores de Santa Lucía les interesara verdaderamente defender el Lago de Texcoco, debieron haber formulado una consulta popular en los términos que marca la Constitución. La que vemos ahorita es, sin duda, una consulta patito”.

La estrategia mediante la cual van a cancelar la construcción del nuevo aeropuerto nació fallida, ilegal y tramposa, y de ello dio visos el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien además de perdonavidas es mentiroso, cuando apuntó que el estudio de la OACI avala a Santa Lucía como opción, y que resultó una más de sus falacias, ya que la misma organización internacional lo ha desmentido y ha puesto al descubierto sus intenciones.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.