La disyuntiva en torno a volver a la nueva normalidad lo antes posible se contrapone con el hecho de que estamos ante el pico máximo de contagios por el Covid-19, de acuerdo a las cifras del gobierno y que en la realidad son por lo menos cuatro veces más.
Ante este dilema lo más sensato es que al abrir se establezcan los protocolos de cuidados a la salud y que cada institución o empresa de gran envergadura, tenga también los mecanismos de atención inmediata, esto por supuesto incluye las pruebas de detección para evitar más enfermos y por supuesto desenlaces fatales.
Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen posible que estas herramientas sean una opción alterna muy eficaz tanto para atender los asuntos de gobierno, como los de la iniciativa privada.
Desde que empezó la contingencia, el Poder Judicial de la Federación ha dado ejemplo de cómo seguir operando, ya que la justicia no se detiene, a través del bendito internet y de las consabidas guardias de los juzgados.
Un ejemplo de ello es lo dispuesto por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha señalado que iniciará la tramitación electrónica de los asuntos de su competencia a partir del 1 de junio, además de que no habrá periodo de receso en el mes de julio.
La SCJN aprobó mantener sus actividades a distancia durante el mes de junio. Además de las controversias constitucionales con suspensión que actualmente puede promoverse, se admitirán a trámite los recursos en el juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, así como todos los demás asuntos de su competencia únicamente por vía electrónica.
El ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar, anunció que desde el próximo lunes, y por primera vez en la historia, se podrán promover los juicios de la competencia de la SCJN enteramente en línea. "Vamos hacia una nueva normalidad en la que coexistan la salud, la vida y la justicia".
El ejemplo que da el Poder Judicial al Ejecutivo y al Legislativo es digno de replicarse, desde luego exige que se implemente lo conducente en materia de herramientas tecnológicas para que la ciudadanía pueda hacer sus trámites en línea.
Hasta ahora, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, ni siquiera tienen el sustento legal para hacer las sesiones a distancia y mucho menos tiene habilitadas sus plataformas digitales para atender a la ciudadanía.
El Ejecutivo está peor, ya que al inicio del sexenio tenía una serie de plataformas digitales en todas las dependencias de gobierno de atención al público, pero en esta administración se han ido deshabilitando hasta quedar un bodrio que salvo algunas excepciones, están inservibles.
Y ya que estamos en estos temas, el de la justicia y el respeto a los derechos humanos, llama la atención la propuesta de la bancada del PRD en San Lázaro, quien hizo un exhorto a la secretaria de Gobernación a garantizar el derecho de las personas procesadas o sentenciadas penalmente que estén en libertad, a contar con una identificación con validez oficial, que les permita ejercer su derecho a identificarse para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación.