Jueces, al banquillo de los acusados
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Jueces, al banquillo de los acusados

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Jueces, al banquillo de los acusados

08/05/2020

Bien por el Consejo de la Judicatura de la CDMX (CJCDMX) por estar al tanto de las resoluciones de los impartidores de justicia en plena contingencia por el Covid-19, al suspender a un par de jueces del sistema procesal penal acusatorio, aunque también el presidente de este órgano deliberativo, el magistrado Rafael Guerra, debería ordenar revisar los fallos y sentencias de jueces del sistema tradicional que sin considerar perspectiva de género, y en franca violación a los derechos humanos, mantienen recluidas a diversas mujeres que merecen el cambio inmediato de medida cautelar.

En el caso de los dos impartidores de justicia que fueron suspendidos de sus tareas, se logró por tratarse de un caso que se hizo público con el asesinato de la señora Abril Pérez; sin embargo, hay otros casos que por carecer de los reflectores que llaman la atención de la opinión pública, no se aplica la justicia, sino que queda a criterio de jueces con visiones misóginas.

Tenemos a la vista una carpeta de investigación, se trata del sistema tradicional, en donde a todas luces se violentó el debido proceso de una inculpada y por tratarse de un asunto que tiene diversas aristas de orden legal, no voy a dar detalles públicamente, pero que merece no solo la atención del Consejo de la Judicatura, sino también de Derechos Humanos de la capital, así como de las instancias federales.

El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó retirar del ejercicio de Jueces de Trámite y suspender temporalmente a los servidores públicos Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio para efectos de no transgredir la imparcialidad con la que se deben conducir mientras tenga vigencia la indagatoria administrativa en su contra y no entorpecer el libre desarrollo de las investigaciones que se realizan.

Esta decisión tomada por el CJCDMX, presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, tiene como objetivo no afectar la correcta administración de justicia durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Si bien el órgano de disciplina del Poder Judicial de la Ciudad de México no ha resuelto si existe algún tipo de responsabilidad administrativa de alguno de estos juzgadores en el denominado caso Abril, sus integrantes dispusieron de nueva cuenta la suspensión, pues al ser figuras públicas, son sujetos al escrutinio de la sociedad, por lo que es necesario mantener una buena reputación.

A ciencia cierta nadie sabe cuándo van a abrir los juzgados y por lo que se aprecia, no será a finales de mayo como se tiene contemplado; por ello, se debe considerar que la impartición de justicia es de todos los días y por ello, se debe ponderar la necesidad de abrirlos con los protocolos de protección a la salud que son de todos conocidos y en donde se deben incorporar además pruebas de detección tanto al personal del Poder Judicial de la CDMX, la ciudadanía que acude a los juzgados e instalaciones, así como a los mismos reclusos y el personal penitenciario.

Hay instituciones que deben continuar con su actuación “normal” en la contingencia como todo el Poder Judicial de la Federación y local, ya que sin impartición de justicia no habrá sociedad que esté en paz consigo misma.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.