Ahora que está de moda reformar las leyes a capricho, sería bueno establecer un sistema de evaluación que califique a cada uno de los legisladores, así como a las bancadas, además, claro está, de valorar a todo el aparato legislativo y las leyes que de ellos emanen.
No sólo me refiero a vigilarlos en torno a la asistencia a las sesiones o al cumplimiento de un código de ética y respeto, sino que las leyes que aprueben realmente sean para impulsar el desarrollo del país, bajo premisas fundamentales como la inclusión social, la sustentabilidad y, por supuesto, el respeto a los derechos fundamentales, además de otros conceptos de relevancia que estén en concordancia con la Carta Magna.
Se podría argumentar en contra de esta propuesta que es la Constitución la que norma al Poder Legislativo; sin embargo, en la práctica, hay cada ocurrencia de los senadores y diputados, tanto federales como locales, que en verdad se requiere esta evaluación.
De hecho ya hay algunas ideas de las agrupaciones de empresarios para evaluar a los legisladores, como la Coparmex-CDMX, que considera indispensable se ponga en marcha un sistema de evaluación legislativa. Ellos se refieren al Congreso capitalino, empero debe extenderse a todo el Poder Legislativo.
El presidente de la Coparmex-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, propone al Congreso local realizar los análisis y estudios pertinentes para que en el futuro detecte problemas de omisión, negligencia, falta de acuciosidad y armonización de las leyes.
Hay normas, recientemente votadas y aprobadas en el órgano legislativo de la capital del país, que han debido ser modificadas o postergadas por los visibles errores encontrados tras su publicación.
Además, este Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado por la falta de transparencia y rendición de cuentas, traducidas en la carencia de informes en su portal de Internet, así como de la misma Constitución local que ha sido modificada, pero se carece de una actualización diaria, lo cual deja en la indefensión los derechos de los ciudadanos.
Coparmex-CDMX considera urgente conformar un sistema evaluador desde el punto de vista técnico-jurídico, y generar los parámetros necesarios para que las leyes que del Congreso emanen cuenten con un mínimo nivel de eficacia en el establecimiento de políticas públicas, que permitan lograr niveles de calidad y sean eficaces para los fines pretendidos.
Padilla Zenteno recordó que en enero del año pasado se realizó esta propuesta con el fin de que las nuevas leyes o las reformas por realizar "no se contrapongan a las ya existentes e, incluso, a la misma Constitución, evitando los juicios de inconstitucionalidad, pero, sobre todo, que se dificulte la litis en la aplicación de los criterios en los diferentes juicios que se observan en los tribunales".
Los órganos evaluadores deberían ser conformados por ciudadanos especialistas, entre otros, en temas de derecho constitucional, para que no existan conflictos de interés y se ponga por encima la calidad profesional, la ética y la responsabilidad, y compromiso de la sociedad.
La evaluación sistemática de la ley es una herramienta que se ha utilizado de manera importante en la experiencia comparada, especialmente en los países de la OCDE, para optimizar el nivel de eficiencia de los cuerpos normativos y de las políticas públicas que estos regulan.