El pacto de los tres Poderes de la Unión en torno a la reforma constitucional del sistema judicial representa una oportunidad dorada para actualizar el entramado legal en el que se desenvuelve el Poder Judicial, empero, a la vez, puede terminar de tajo con su autonomía e independencia, ya que uno de los objetivos es alinear las leyes y normas que rigen su operatividad con los principios de la Cuarta Transformación.
El mismo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció el papel de los juzgadores como garantes de la estabilidad democrática y cauteloso, señala que confía en que la reforma que emerja de las discusiones sea un producto consensado que preserve la división de Poderes y su independencia.
Ya lleva tiempo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, queriendo impulsar la reforma; sin embargo, prevalece la soterrada intención, con el pretexto de "alinearla a los propósitos de la 4T", de socavar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal.
Se ha pretendido reducir los sueldos de jueces, magistrados y ministros por abajo del sueldo presidencial y esta es una de las manzanas de la discordia, ya que de ninguna manera, lo aceptarán en el Poder Judicial.
Este es tan solo uno de los diferendos, hay otros que también son cuestionados por los expertos jurídicos en torno a la injerencia directa del Ejecutivo en el Judicial para frenar el nepotismo, la remoción y sanciones a jueces federales, así como la austeridad, paridad de género, rotación de jueces y la transparencia de las sentencias, entre algunos otros temas.
En todo lo anterior, la Judicatura ya tiene mecanismos de autocontrol y regulación, por lo que se opone a que otras instancias ajenas a ellos, entren a "arreglar" algo en el que ya están trabajando.
Para nadie es un secreto que el presidente López Obrador quiere no solo tener mayoría entre los ministros de la SCJN, más ahora que renunció Medina Mora, sino que impulsa la creación de una Tercera Sala dedicada a resolver actos de corrupción, con lo que el Ejecutivo propondría cinco ministros adicionales al pleno de la Suprema Corte.
Si Arturo Zaldívar permite que la reforma del Poder Judicial se ponga en sintonía con los objetivos de la 4T que tramposamente enarbola valores y objetivos que nadie cuestiona, pero que en el fondo busca asumir el control de los impartidores de justicia con la finalidad de preservar el poder, pasará a la historia como el culpable de robarle la independencia a la institución que encabeza.
EL amasiato que vive la SCJN con AMLO es evidente y esperemos que la credibilidad del Poder Judicial se vaya robusteciendo con sus resoluciones alejadas del poder y apegadas a derecho.
Más allá de ejercicios de parlamento abierto y de foros de participación ciudadana, lo cierto es que hay un paquete de reformas que ya están pactadas, es decir hay un acuerdo entre Arturo Zaldívar, Julio Scherer, Alejandro Gertz y por supuesto Ricardo Monreal para alinear al Poder Judicial con la 4T.