Con el despido de los niveles más altos de la administración pública, los llamados de confianza, se ganará el aplauso fácil de la sociedad; empero, el aparato gubernamental sufrirá una parálisis operativa que pondrá en riesgo la viabilidad de innumerables programas que son vitales para la atención de la población y para apalancar al sector productivo del país.
Ese falso estigma que ha sembrado AMLO contra la alta burocracia, de que todos son rateros e incompetentes, es injusto y pone contra la pared a auténticos servidores públicos que, muchos de ellos, han accedido a sus puestos no por compadrazgos o recomendaciones, sino por méritos propios, ya que han escalado puestos a través del servicio civil de carrera, que les permite, por exámenes presentados, la medición de sus capacidades y conocimientos.
La mayoría de los servidores públicos a los que hace referencia AMLO cumplen con jornadas de trabajo de más de 12 horas diarias y pesan sobre sus hombros altas responsabilidades, que de no realizarlas con apego a la ley se hacen merecedores a sanciones que pueden llegar, incluso, a la privación de la libertad.
Sólo aquellos que desempeñan o han realizado estas tareas saben de lo que estoy hablando, y claro también sus familias que, en la mayor parte de las veces, se privan de su presencia, incluso sábados, domingos y días festivos.
A esos, López Obrador los ha estigmatizado y por ende los va a correr a partir del 1 de diciembre.
Y los que queden, les va a disminuir sus percepciones y emolumentos a la mitad de lo que ganan en la actualidad.
Ya no hablemos de los cientos de amparos y demandas que van a darse en cascada por tales medidas, sino del extraordinario retroceso que habrá en el país. Primero, por la pérdida de talentos que serán aprovechados en la iniciativa privada y, segundo, por la parálisis en múltiples programas de todas las dependencias del gobierno, que van desde los programas de política social, energía, ejercicio del gasto y administración del ingreso federal, hasta la salud, educación, seguridad, infraestructura, campo, pesca y ganadería, entre otros innumerables sectores.
Ha de creer Andrés Manuel que el gobierno se mueve sólo por los empleados de base o por aquellos mandos inferiores que, ciertamente, hay muchos muy capaces, pero que carecen de la formación académica, experiencia y capacidad de juicio para la toma de decisiones correctas y funcionales.
Ciertamente hay también mandos superiores corruptos que se han enriquecido a costa del erario público, a esos hay que refundirlos en la cárcel, pero no por ellos deben pagar todos.
López Obrador necesita sacar recursos públicos hasta por debajo de las piedras para cumplir con sus promesas populistas, y para ello pensó, genial idea, en correr a miles de burócratas cuya única culpa es tener un alto perfil educativo y profesional y por ende ocupan una plaza de confianza.
El populismo contra la viabilidad del país.
El desmantelamiento del aparato gubernamental significará un grave retroceso en la misma operación del gobierno, al tiempo que se pondrá al país en riesgo de ingobernabilidad por la inoperancia de las instituciones.
Por si fuera poco, además de bajarles el sueldo a la mitad, los moverá de residencia y lugar de trabajo, en el mejor de los casos a cientos de kilómetros de su actual ubicación, merced a la desconcentración de las dependencias públicas hacia el interior del país.
¡Vaya talento del próximo presidente de la República!
¿Cuantos años harán falta para resarcir todo el daño que hará el presidente López Obrador en su sexenio? Como por ejemplo, en volver a preparar esos cuadros de servidores públicos con niveles académicos de excelencia y vasta experiencia en el gobierno.