Con medidas inconstitucionales se retira la inversión privada
menu-trigger
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Con medidas inconstitucionales se retira la inversión privada

COMPARTIR

···
menu-trigger

Con medidas inconstitucionales se retira la inversión privada

19/05/2020
Actualización 19/05/2020 - 15:20

La nueva política que limita la participación de centrales de energías renovables del sector privado se hizo bajo el argumento, dice Rocío Nahle y compañía, de salvaguardar y dar confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Y el presidente de la república, López Obrador, abundó que “no puede ser que estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aportan nada, continúen con los mismos contratos leoninos. Además, quedando claro que el Estado es el rector de las actividades de desarrollo nacional, por eso se está poniendo orden en ello”.

O el presidente está mal informado o de plano se aferra a volver al pasado a tener una política energética que ya quedó demostrado, no tiene ningún sentido y sobre todo de cara al desarrollo tecnológico del nuevo siglo en donde lo que prevalecerá en el mundo es la energía sustentable.

La diputada Julieta Macías Rábago (MC), secretaria de la Mesa Directiva en San Lázaro, afirmó que el acuerdo del gobierno federal que frena las inversiones para generar energía eléctrica limpia es contrario a la Ley de Transición Energética, a la Constitución y a los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, advirtió que dicha disposición “aumentará el costo de la energía eléctrica; que será siete veces más alto”.

El pasado viernes, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se Emite la Política de Confiabilidad, Seguridad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Macías Rábago calificó esta decisión como un grave retroceso en el país “porque frena de golpe a las energías renovables, limpias, para privilegiar energías contaminantes, como el combustóleo, que tiene una alta carga de azufre peligroso para la salud humana y el ambiente”.

El nuevo decreto es contrario a la Constitución, debido a que monopoliza la generación de energía eléctrica en las centrales obsoletas y contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el artículo 28 prohíbe las prácticas monopólicas.

También pasa por alto el artículo 25 de la Carta Magna que establece que se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía en beneficio de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

Incumple, además, con la Ley de Transición Energética que obliga al gobierno federal a regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad.

La disposición de la Sener rompe con la obligación de México de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, entre ellos, la generación de energía accesible y no contaminante.

Por el momento son 19 países de la Unión Europea y Canadá que ven sus inversiones en riesgo en 44 proyectos de energía limpia, con un costo de casi 7 mil millones de dólares, y, según cifras del sector, esto pone en riesgo 78 mil empleos.

Al gobierno no le importa el alto costo que esto representará, sumado a lo que ya se perdió por la cancelación del aeropuerto (de Texcoco), el mal manejo de Pemex, el malísimo negocio de la refinería Dos Bocas (en Tabasco) o los 140 mil millones de pesos que costará el Tren Maya, con afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas a la fauna al medio ambiente, zonas arqueológicas y comunidades enteras.

El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana han reiterado que los mensajes del gobierno en torno a la cancelación de proyectos de inversión consumados en el país, como la cancelación de la planta Constellation Brands, representa un daño irreversible y aleja la inversión privada por lo menos en lo que resta del sexenio.

Este gobierno ha detenido el crecimiento económico, se han perdido cientos de miles de empleos y México tiene una pésima calificación crediticia a nivel de basura, aunque todo ello no le importa a AMLO ya que la nueva forma de medir el desastre económico que nada tiene que ver con el progreso y calidad de vida de los mexicanos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.