Vaya apuro en que está metido el Congreso de la Unión, por un lado tienen la presión para, a más tardar el 30 de abril próximo, acatar un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de emitir los lineamientos para que se transparenten los gastos en comunicación social del gobierno federal; y por otro, sus integrantes están inmersos en serias diferencias en torno al proceso electoral que vive el país, y eso hace difícil cualquier acuerdo.
Senadores y diputados tienen muy poco margen como para dejar de cumplir el mandato aludido. El detalle es que la fecha fatal está cada vez más cerca, por lo que atender la observación de la SCJN, bajo los principios básicos de "eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez", es cada vez más incierta, lo cual hace sospechar que los trabajos que al respecto se hacen tienen alto grado de simulación.
La orden es muy clara, aquí la cuestión es que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión se ven con posibilidades de encabezar el Poder Ejecutivo, para el periodo 2018-2024.
Por lo pronto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), comentó a este reportero que ya existe un calendario para procesar en tiempo y forma la referida ley, y que en esa ruta se espera que el dictamen correspondiente se apruebe a más tardar el día 16 de abril, y que en sesión del pleno se vote el día 19, e inmediatamente enviar su minuta al Senado, para de esa manera estar en posibilidades de atender el requerimiento judicial antes de la fecha establecida.
Hasta ahí todo parece caminar muy bien, pero la incertidumbre toma fuerza cuando nos dicen que a los diferendos políticos entre los grupos legislativos hay que agregar la revisión y análisis de siete u ocho iniciativas para su posible conciliación, y que además hay propuestas para que el debate se abra a la sociedad civil.
"Ya entregamos una propuesta a la Comisión de Gobierno", nos dijo la diputada Rocío Nahle, coordinadora del GPMorena, cuando le preguntamos su opinión sobre este proceso. ¿Van a acatar el mandato judicial?, le insistimos. "Vamos a ver, ahí está nuestra propuesta", nos contestó.
Francisco Martínez Neri, coordinador del GPPRD, nos comentó que "hay avances y una ruta ya aprobada por todos los partidos políticos". Dijo que la idea en estos trabajos es que de ninguna de las partes se pretenda dar un albazo. "Creo que a nadie conviene tratar de imponer una ley a modo", acotó.
Reorientar, transparentar, ordenar y regular, además ser un contrapeso al Poder Ejecutivo, son algunos términos que se manejan en las iniciativas con las que el Congreso de la Unión intentará dar respuesta a la inédita observación del Poder Judicial, por lo que en esa ruta de atención no falta quien proponga que se deban agregar los de "simulación", como un adelanto a lo que empieza a oler a desacato. Y si eso sucede pronto, veremos que responde la SCJN. Todo un brete legislativo.