La ponderación de los sucesos ocurridos en Culiacán pasa por diversos crisoles que van desde la ratificación de la versión que pulula sobre la existencia de un virtual pacto entre algunos cárteles de la droga con el gobierno de López Obrador, hasta el enorme malestar que prevalece en los mandos superiores de las Fuerzas Armadas por poner en riesgo la vida de soldados y marinos, además de exhibirlos ante la sociedad por incompetentes, cuando las decisiones que han comprometido los operativos corresponde a mandos civiles.
Desde que AMLO llegó al poder ha tenido muestras reiteradas de simpatía con el Chapo Guzmán y su familia; y evidentemente esto ha dado pie para que éstos le agradezcan públicamente por haber liberado a Ovidio Guzmán, además de invitarlo a poner la primer piedra de la universidad indígena que esta familia construirá en Badiraguato, Sinaloa. "La atenta solicitud" fue hecha por María Consuelo Loera Pérez, madre del capo de la droga.
El pacto de no agresión encuentra su máxima expresión al endilgar epítetos de risa, como "fúchila" y "guácala" para combatir a los malosos y más en serio, al reiterar que no se combatirá a los hampones con violencia como se hizo en tiempos de Felipe Calderón.
La claudicación del gobierno ante los criminales, da cuenta de un Estado fallido y de la peor derrota que puede sufrir un gobierno democrático, al doblegarse por un mal diseño logístico en la captura de un delincuente de máxima peligrosidad que el mismo gobierno de Estados Unidos reclama su extradición.
Esta es otra arista del tema, la condena internacional por el proceder del gobierno mexicano en su lucha contra los capos de la droga y aunque la ola mediática impulsada desde Palacio Nacional, apuntala la versión de que Donald Trump habló con López Obrador para expresarle su apoyo, lo cierto es que las agencias de inteligencia y combate al tráfico de drogas, tienen demasiada evidencia sobre la amnistía, por no decir complicidad, otorgada por el gobierno de la 4T.
Durante la larguísima campaña política que llevó a cabo Andrés Manuel, en varias ocasiones expresó su condena por las dos fugas del Chapo de penales de alta seguridad, como el de Puente Grande y del Altiplano, ahora ante un hecho más ominoso se escuda en argumentos pueriles que causan hilaridad y preocupación, en lugar de solidaridad y comprensión.
Los hechos, esos que desmienten la versión de "yo tengo otros datos", dicen que la población está indefensa ante la delincuencia, ya que el Estado no cumple con la máxima obligación de protegerlos en sus vidas y bienes. Los datos duros hablan del inicio de un sexenio más sangriento de la historia contemporánea.
La cantaleta de culpar a otras administraciones es una estúpida excusa que ya no representa una salida razonada, sino al contrario, suena a pretexto hecho por incompetentes.
Qué sigue. Por desgracia solo una serie de justificaciones y cortinas de humo para darle la vuelta a la página del suceso que marcó la rendición del Estado ante los capos de la droga.