ASF, entre observaciones y delitos
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ASF, entre observaciones y delitos

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ASF, entre observaciones y delitos

06/03/2018
Actualización 06/03/2018 - 15:15

Son de llamar la atención los informes que recientemente entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, ya que sus reportes hablan de deuda, desvío de recursos, corrupción, mal manejo de programas sociales y otras observaciones que podrían derivar en la comisión de algún delito en los diferentes entes de la administración pública.

No obstante el ruido mediático, es poco probable que muchas de las auditorías concluyan en procedimientos administrativos con carácter sancionador, ya que por el tiempo que ha pasado y el que aún tienen los entes auditados para subsanar posibles irregularidades (por lo general tardan varios años), es posible que estos asuntos queden en el olvido o en el archivo muerto. Al respecto, los legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Ruth Tiscareño Agoitia y Enrique Rojas Orozco, precisan que los más recientes reportes datan de 2016 y que “no se debe juzgar antes de tiempo a ningún ente público”.

Y tal vez tengan razón, pero aquí el tema es que de esos mismos informes se desprende que muchas de las observaciones no concluyen en sanción por varias razones: porque pasa mucho tiempo entre la gestión y la fecha en que se realizan las auditorías; porque hay deficiencia en el seguimiento de la aplicación de los recursos públicos federales, o bien porque las reglas fiscalizadoras nos son del todo claras y eficientes, lo que en su conjunto contribuye a propiciar condiciones para el desvío de dinero o el crecimiento de la deuda en las arcas de la hacienda pública.

No es posible que en pleno ejercicio de los recursos federales de 2018, apenas nos estemos enterando de cómo se ejerció el Presupuesto de la Federación en su ejercicio del año 2016 o anteriores. Por ejemplo, hay reportes que señalan que en las nueve entidades donde se elegirán nuevos gobernantes el 1 de julio, las actuales administraciones heredarán a los gobiernos entrantes aproximadamente 77 mil millones de pesos de deuda, correspondientes al periodo 2012-2016.

Veracruz, Jalisco, Chiapas, Guanajuato y Morelos son algunas entidades que a la fecha no han solventado la totalidad de observaciones hechas por el órgano auditor. Y aunque en Baja California no hay elecciones, la ASF detectó faltantes y desviaciones de recursos que debieron ser destinados a programas sociales, educación y seguridad pública, en una gestión que inició en noviembre de 2013.

Los faltantes, desvíos, deuda o como se le quiera llamar a estas anomalías, son un tema obligado para que los legisladores lo registren en la agenda de los asuntos pendientes, ya que es un hecho que la falta de nombramiento del titular de la ASF implica dar manos libres a los gobernadores y a funcionarios encargados de los diferentes entes de la administración pública.

No está por demás entonces que, junto con el nombramiento referido, el Congreso de la Unión eche una revisión a los procedimientos y protocolos establecidos para auditar el gasto público, para que se recorten los tiempos entre la gestión de recursos y las auditorías, y que de inmediato se vinculen los mecanismos establecidos por la ASF a los del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Son algunas observaciones que no deben pasar desapercibidas entre los legisladores, auditores y toda aquella autoridad encargada de dar seguimiento y transparencia al gasto público, porque lo deseable es que no queden impunes los ilícitos que hoy tienen el estatus de 'observaciones' en la ASF, pero que al paso de los años se configuran en delitos y los infractores por ahí anden como si nada.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.