Desde San Lázaro

Ahora fue un juez federal, ¿quién sigue?

Ahora todos condenan el vil asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, sin embargo, nadie reparó que los dejaron solos a su suerte.

Ahogado el niño, tapan el pozo. Ahora todos condenan el vil asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, sin embargo, nadie reparó que los dejaron solos a su vil suerte, sin escoltas ni protección alguna y con el tamaño de casos que atendió el impartidor de justicia, pues no era difícil predecir lo que iba a ocurrir.

¿Y ahora quién sigue?, porque lamentablemente el actual gobierno está totalmente rebasado por la delincuencia y el crimen organizado.

La austeridad mal entendida mata vidas y este caso es un ejemplo de ello. Se justificó el retiro de los guardaespaldas, señalando que era por falta de presupuesto, ahora qué dirán esos canallas que retiraron la vital protección para el juez.

Cuántos jueces federales estarán en la misma posición que Villegas Ortiz, seguramente varios y con este hecho criminal que atenta contra el Estado de derecho y las mismas instituciones jurídicas y democráticas, es menester reforzar todos los protocolos de seguridad que deben existir en torno a la seguridad de los jueces federales y sus familias.

El reclamo del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se hizo esperar al pronunciarse rotundamente contra la violencia. "Tenemos que decir con contundencia un no a la violencia, tenemos que reiterar que el camino para resolver las cuestiones tiene que darse a través del derecho y de los instrumentos que un Estado democrático establece y que es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, pero de manera especial, de aquellos quienes con valentía y vocación arriesgan su vida para proteger los derechos de todos".

Desde San Lázaro, el grupo parlamentario del PRD exhortó al Consejo de la Judicatura Federal a revisar a la brevedad, en coordinación con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, las medidas de seguridad de las que deben gozar todas y todos los juzgadores.

Estas medidas, demandan las y los diputados federales, "deben ser implementadas, de manera urgente, para aquellas y aquellos funcionarios que, en ejercicio de sus encomiendas, vean amenazadas su integridad y su vida, así como la de sus familias".

Según ha trascendido, el móvil del asesinato tendría su origen en procedimientos judiciales relacionados con la delincuencia organizada en los que el juzgador habría actuado de forma institucional y apegada a derecho.

Cierto, la indignación general es proporcional a la solidaridad para con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, así como el rechazo a cualquier forma de violencia, principalmente aquella que tiene como objeto la coacción de funcionarios, desvirtuar la procuración e impartición de justicia o favorecer a la delincuencia organizada de cualquier forma.

El reclamo generalizado de los integrantes de la Comisión Permanente es de total disposición para que, desde el ámbito legislativo, sean aprobadas reformas destinadas a la protección de las y los juzgadores que, en ejercicio de sus funciones, puedan ser objeto de estos actos intimidatorios, medidas tales como los jueces sin rostro y otras que, en la experiencia internacional, han servido para garantizar la impartición de justicia en estos casos.

Las y los diputados perredistas expresaron que "en estos momentos resulta de vital importancia el alineamiento de los esfuerzos institucionales para contrarrestar la acción de quienes, por medio de la violencia, buscan debilitar a las instituciones de nuestro Estado. Por lo anterior, reiteramos la necesidad de que, dentro de la discusión de las reformas planteadas por el Poder Judicial, se contemplen medidas que protejan prioritariamente la vida de las y los juzgadores".

El asesinato del juez federal y su cónyuge, en su propio domicilio y en presencia de sus dos hijos, habla de un salvajismo propio del crimen organizado que tiene asoladas a varias regiones del país y, en contraparte, el gobierno ha perdido territorios y más aún, no tiene la capacidad para resguardar la vida y el patrimonio de buena parte de los mexicanos, eso aquí y en China se llama Estado fallido.

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