Ya perdió la brújula Claudia Sheinbaum al proponer como parte de la Ley de Ingresos de la CDMX, un nuevo impuesto para usar las calles de la gran metrópoli. Así como lo está oyendo, tal como sucedió en tiempos del dictador Antonio López de Santa Anna, quien pretendió tasar el aire que respiraban los mexicanos mediante el cobro de impuestos por cada ventana o puerta que tuviera un inmueble. El gobernante borracho de poder y de soberbia, castiga a sus gobernados.

En plena pandemia, miles de repartidores encontraron como una alternativa de trabajo el reparto de bienes mediante el uso de automotores, motocicletas y bicicletas; sin embargo, ahora la señora Sheinbaum pretende cobrarles un impuesto por el uso que hacen de la infraestructura urbana.

El gobierno de la aspirante para suceder a López Obrador presentó ante el Congreso local una propuesta para añadir al artículo 307 TER del Código Fiscal de la ciudad, el cobro de un impuesto de 2 por ciento del monto total de ventas, antes de impuestos, por cada entrega que hagan aquellos que operen, utilicen o administren aplicaciones o plataformas informáticas para entregar paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía.

La iniciativa propone la creación de un nuevo impuesto por el uso y explotación de la infraestructura capitalina, dirigido a plataformas tecnológicas.

Mientras que el Banco de México lucha por frenar la inflación, Sheinbaum crea nuevos impuestos que alienta su crecimiento.

Este ramalazo tributario resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación ganancias en estos tiempos de pandemia.

Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional, y representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un periodo complejo como la pandemia.

De igual forma, contraviene la política del gobierno federal de no crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la OCDE de no establecer más impuestos a la economía digital.

Nueve asociaciones empresariales e industriales rechazaron la propuesta del gobierno capitalino, ya que, dicen, este impuesto local no tiene precedente y es inconstitucional porque va en contra del principio de equidad tributaria y además es una medida que daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, la cual, más allá de beneficiar a los usuarios y consumidores finales, los afecta en gran medida.

La nueva tasa impositiva aumentará los costos para los comercios, los restaurantes, las plataformas de pago, de logística, de última milla, de venta a domicilio y mercados en línea (marketplaces), entre otras plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras.

De igual forma, incrementará los costos para el comercio minorista que complementa sus actividades u opera en su totalidad con apoyo de, o incluso utilizando sus propias plataformas, quienes son tratados de manera injusta por dicha propuesta y en general podría desincentivar el crecimiento de este sector que está generando un beneficio para la población por todos los incentivos que ofrece aunado a la creación de nuevas fuentes de ingreso.

La economía digital es un sector clave para la recuperación económica de la ciudad. La contribución económica y social de esta industria es indiscutible. Este sector ya era una de las actividades económicas más importantes desde antes de la pandemia. A partir del COVID-19, la participación de la economía digital en la economía mexicana ha sido mucho mayor y con más alcance. El nuevo impuesto sin duda alguna afectará la evolución de este sector, impactando directamente en consumidores y personas que encuentran aquí una fuente de ingresos.

Los nueve firmantes del comunicado son la Asociación de Internet México (AIMX), Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), Asociación Fintech México (FTMX), Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Confederación Patronal de la República Mexicana CDMX (Coparmex), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, AC (COMCE) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).