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Terrorismo

04/12/2019
Actualización 04/12/2019 - 15:25

El presidente Donald Trump anunció la semana pasada que pretende designar como organizaciones terroristas a los cárteles de narcotráfico mexicanos. Conviene poner en contexto esa declaración, ya que no es un simple arrebato del presidente, sino parte de una política antigua, extensa y que involucra a todo el hemisferio.

Desde los años sesenta del siglo pasado, Estados Unidos ha buscado que los países latinoamericanos combatan la producción y el trasiego de drogas. A veces lo ha hecho en términos amistosos, auspiciando compromisos mutuos; otras, presionando con medidas unilaterales y poco diplomáticas. Recordemos que durante muchos años la ayuda externa, el financiamiento y el comercio estuvieron supeditados a una certificación arbitraria.

Con el tiempo, dado que los cuerpos policíacos de la región han sido endémicamente ineficientes y corruptos, se involucró a las Fuerzas Armadas y el Pentágono incluyó el problema dentro de sus consideraciones geopolíticas. Lo que era un tema de delincuencia se volvió un asunto militar. Este enfoque se acentuó luego de los ataques terroristas de 2001, que llevaron a la creación del Comando Norte. Las fuerzas armadas han sustituido o complementan fuertemente a las policías civiles en Colombia, Brasil y México.

Durante décadas la Unión Americana ha ensayado diferentes políticas para frenar la entrada de estupefacientes a su territorio. Ha habido programas de erradicación y sustitución de cultivos; integración de fuerzas de tarea (como el Bloque de Búsqueda, que localizó a Pablo Escobar); extradición de capos e incautación de sus bienes y empresas; reforzamiento de fronteras y mejoramiento de la vigilancia terrestre, aérea y naval. Incluso se creó la Drug Enforcement Administration (DEA) para coordinar esas acciones en el extranjero.

Los resultados han sido negativos porque la demanda de esas sustancias no sólo no se abatió, sino que se incrementó y diversificó. Mientras en el sur se trataba de disminuir la oferta, en el norte hubo permisividad y la adicción a los psicoactivos se volvió parte de la cultura juvenil.

Las bandas se volvieron tan poderosas que integraron su negocio, desde el financiamiento hasta la venta al menudeo. Al mismo tiempo se expandieron hacia los mercados europeos y asiáticos. Para contrarrestarlas ya no bastan los acuerdos bilaterales.

En varias naciones del continente incursionaron en otras actividades delictivas, como tráfico de personas y armas, contrabando, minería ilegal, secuestro y extorsión. Incluso se asimilaron a pandillas violentas como la MS-13 o a grupos terroristas, como las FARP y el ELN en Colombia, el EPP en Paraguay o Sendero Luminoso en Perú.

Estados Unidos ha auspiciado grandes operativos paramilitares para recuperar territorios controlados por narcotraficantes, como el Plan Colombia, el de la Triple Frontera (Brasil, Paraguay, Argentina), el de los ríos Apurimac, Ene y Mantoro (VRAEM) en Perú o el intento de quitarle el dominio de las favelas brasileñas al Primer Comando de la Capital.

Ha habido también acuerdos bilaterales que van más allá de la colaboración entre fiscales o el intercambio de inteligencia. Incluyen aspectos como asesoría para reformar el sistema legal, prevención del delito, entrenamiento y desarrollo de capacidades operativas o entrega de equipo. Es el caso de la Iniciativa Mérida y de la Iniciativa de Seguridad en Centroamérica.

Los presidentes Enrique Peña Nieto y Trump copatrocinaron la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica (Miami,15-16 de junio de 2017), que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, planteó la necesidad de apoyar las actividades productivas y el empleo en Guatemala, Honduras y El Salvador, pues sólo así se podrá reducir la violencia y la migración.

El involucramiento estadounidense en todo lo anterior parte de una premisa: dado que el narcotráfico es trasnacional y su capacidad de fuego rebasa la de las policías, se requiere incorporar a las fuerzas militares y establecer una estrecha coordinación con su contraparte americana.

El ocupante de la Casa Blanca dispone de gran discrecionalidad para designar como terrorista a alguna organización delictiva. El criterio actual del Departamento de Estado sólo exige que ese grupo tenga su base en el extranjero y lleve a cabo actos de terror que constituyan una amenaza para su seguridad nacional. En nuestro caso resulta inútil porque los cárteles mexicanos ya pueden ser sancionados bajo la Ley Kingpin (1999).

Lo importante no es evitar esa determinación, sino definir cuál es la misión de las Fuerzas Armadas y los límites y condiciones de la cooperación militar con otros países.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.