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28/11/2018

En las campañas electorales de los que llegaron al Capitolio al principio de este mes, una frase recurrente al referirse al problema migratorio fue “reforma comprehensiva”. Se reconoce con ello que llevan más de tres décadas de ponerle parchecitos a una legislación que ha quedado rebasada por la realidad.

La última “reforma comprehensiva” que se aprobó fue en 1986. La Ley de reforma y control migratorio (IRCA, por sus siglas en inglés) fue resultado de una exitosa negociación entre el presidente Ronald Reagan y los liderazgos de los dos partidos en el Congreso. Los presidentes de los subcomités de Asuntos migratorios en la Cámara de Representantes (el republicano Alan K. Simpson) y en el Senado (el demócrata Romano L. Mazzoli) lograron que a cambio de hacer ilegal la contratación de trabajadores indocumentados, se amnistiara a tres millones de migrantes que habían entrado furtivamente a Estados Unidos antes de 1982.

La ley y posteriores acciones ejecutivas de Reagan permitieron normalizar la vida de esas personas y reunificar a sus familias. Pero eso mismo indujo mayor migración ilegal. Con la expectativa de ser amnistiados en el futuro, muchos se arriesgaron a ingresar indebidamente al país.

Tampoco funcionó la pretensión de que los patrones verificaran el estatus migratorio del personal que reclutaban. Todo se reducía a llenar un formato administrativo y fotocopiar credenciales cuya autenticidad no era su obligación comprobar. Se creó además una industria de identificaciones falsas, a la que no fueron ajenas las iglesias que prestaban refugio a los recién llegados. Los empleadores sacaban ventaja al pagar menos a los ilegales y sólo algunos de los que abusaron de esa práctica fueron finalmente castigados con multas insignificantes. Por la misma época se extendió la subcontratación de personal, con lo que la responsabilidad jurídica se diluyó aún más.

De entonces para acá, se sumaron once millones de migrantes, que viven en la sombra y en la incertidumbre, mientras que la creciente polarización redujo a casi cero las posibilidades de lograr acuerdos bipartidistas.

Inventos e histeria

Los demócratas han propuesto alternativas fantasiosas de regularización condicionada y progresiva (path to citizenship). Lo hacen porque les interesa el apoyo político de los posibles beneficiarios. La verdad es que sus gobiernos han perseguido sin misericordia a esa población. Barack Obama es el presidente que más personas ha expulsado y la plataforma de su partido en 2016 dice simplemente: “hay cuestiones de nuestras políticas de detención y deportación que deben ser revisadas”.

En la campaña lo más que prometieron fue mantener activos los programas DACA (que protege a setecientos mil dreamers, migrantes que llegaron como menores) y TPS (que ampara a trescientos mil desplazados por desastres naturales o conflictos armados). Los moderados del partido creen que eso es lo único que con realismo se puede conseguir.

Los progresistas perdieron tiempo e hicieron mucho escándalo con una idea descabellada: desaparecer el ICE (Immigration and Customs Enforcement), la autoridad encargada de combatir los delitos migratorios. Los que desde la izquierda buscan la nominación presidencial en 2020, como Bernie Sanders y Kamala Harris, se desentendieron de esa demanda, diciendo que habría que “reexaminar” el papel de ICE. Aún así, ese tema le funcionó a algunos, como a Alexandria Ocasio-Cortez, que a los 28 años, se convirtió en la representante más joven en la historia.

Pero a quien más le sirvió fue al presidente Donald Trump, que acusó a sus contrincantes de querer debilitar las defensas de su nación, de facilitar el ingreso de terroristas, de propiciar una invasión de pandilleros centroamericanos y de permitir que extranjeros les arrebaten los trabajos a los americanos.

Si alguien cree que con su nueva mayoría en la Cámara de Representantes los demócratas pueden darle un giro a las leyes migratorias, está equivocado. Dentro de las filas de ese partido hay muchas opiniones encontradas sobre qué hacer. Y lo mismo sucede con los republicanos. Para pasar cualquier legislación en esta materia se requieren 218 votos en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado. Con la conformación actual es imposible sumarlos.

La administración Trump alega que todo está mal, pero fuera de construir el muro fronterizo y de hacer deportaciones masivas, no tiene una fórmula concreta para reducir la migración legal ni para darle una oportunidad a los que llevan muchos años viviendo allá.

Unos y otros juegan a las guerritas.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.