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06/02/2019

En su mensaje sobre el Estado de la Unión, al cumplir dos años en la Oficina Oval de la Casa Blanca, un presidente se refirió al problema migratorio en estos términos:

Todos los estadounidenses, no sólo en los estados más afectados, sino en cada uno de los lugares de este país, están perturbados por la gran cantidad de extranjeros ilegales que ingresan a nuestro país. Los puestos de trabajo que tienen podrían ser ocupados por ciudadanos o por inmigrantes legales. Los servicios públicos que utilizan imponen cargas a nuestros contribuyentes. Es por eso que nuestra administración se ha movido agresivamente para asegurar nuestras fronteras, al reclutar a un número récord de guardias fronterizos, al deportar al doble de criminales extranjeros que nunca antes, al sancionar las contrataciones ilegales, al prohibir que los extranjeros ilegales reciban los beneficios de la asistencia social.

En el presupuesto que presentaré, intentaremos hacer más para acelerar la deportación de extranjeros ilegales que son arrestados por delitos, para localizar mejor a los extranjeros ilegales en el lugar de trabajo...

Somos una nación de inmigrantes. Pero también somos una nación de leyes. Es incorrecto y, en última instancia, contraproducente para una nación de inmigrantes permitir el tipo de abuso de nuestras leyes de inmigración que hemos visto en los últimos años, y debemos hacer más para detenerlo”.

Eso lo afirmó en sesión conjunta del Congreso Bill Clinton (el 24 de enero de 1995, hace 24 años). Meses después se aprobó la draconiana Ley de responsabilidad migratoria, que implicó a las policías estatales y locales en la identificación y persecución de indocumentados e incrementó los efectivos de la patrulla fronteriza. También criminalizó las violaciones menores a la ley migratoria (proporcionar a un patrón un número de seguridad social falso, por ejemplo) y mandató y facilitó el proceso de deportación.

Simultáneamente, la fiebre de populismo penal (“tolerancia cero”) con que se quiso frenar la ola delincuencial llevó a redefinir ofensas leves como felonías, al aumento de las penas y al encarcelamiento masivo de personas pertenecientes a las minorías, destacadamente los mexicanos sin papeles migratorios. De esa forma, de la noche a la mañana miles de ellos pasaron a tener antecedentes penales y se volvieron deportables.

EL OTRO TAMBIÉN

El presidente Barack Obama, del mismo partido y en similar circunstancia (su discurso sobre el Estado de la Unión luego de gobernar por dos años) dijo:

Creo firmemente que debemos abordar de una vez por todas el tema de la inmigración ilegal. Estoy preparado para trabajar con republicanos y demócratas para proteger nuestras fronteras y hacer cumplir nuestras leyes”.

Al poco tiempo dispuso que se criminalizara a cualquiera que cruzara la frontera sin autorización. Anteriormente los que eran aprehendidos cerca de la frontera eran regresados a México sin sanción legal bajo la figura de “partida voluntaria”. Luego instruyó a la policía migratoria (ICE) para ejercer “discreción persecutoria” con los inmigrantes irregulares. Como consecuencia inició la política de separación de familias y muchos fueron forzados a declararse culpables y a renunciar a su derecho a tener un juicio.

De esa forma, aunque afirmaba que sólo se estaba expulsando a criminales que eran un peligro para las comunidades, en realidad se empezó a deportar con independencia de la seriedad del crimen. Faltas que previamente sólo acarreaban una multa o trabajo comunitario, como dar una vuelta prohibida o poner demasiado alto el volumen de la televisión, empezaron a llegar a los tribunales y los saturaron, alargando los tiempos de espera. El rezago actual es de setecientos mil casos.

En 2014, Obama presionó a México para detener y deportar a centroamericanos que se dirigían hacia el norte. El Programa de la frontera sur fue una imaginativa forma de externalizar (outsourcing) la deportación.

Entre 1993 y 2000 Clinton deportó a 12.3 millones de personas; entre 2009 y 2016 Obama expulsó a 5.3 millones. Imposible olvidar también que en 2006 los entonces senadores demócratas: Barack Obama, Hillary Clinton y Chuck Schumer votaron a favor del muro fronterizo.

Sirva este recuento para mostrar la continuidad bipartidista que ha habido durante un cuarto de siglo en la política migratoria represiva y la hipocresía de los demócratas que se escandalizan con la retórica antiimigrante del presidente Donald Trump en su discurso de ayer, cuando han venido diciendo y haciendo más o menos lo mismo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.