Crisis constitucional
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Crisis constitucional

05/02/2020
Actualización 05/02/2020 - 14:22

Para entender la gravedad de lo que está sucediendo en Estados Unidos hay que remontarse al surgimiento de esa nación.

El texto original de su constitución, aprobado en la convención de Filadelfia (1787), sólo tiene siete artículos, que cupieron en cinco páginas (incluida la de firmas). Los artículos primero al tercero contienen las funciones del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El cuarto versa sobre la relaciones federales. El quinto indica el mecanismo para añadir nuevos preceptos. El sexto define la supremacía de la constitución. El séptimo establece el proceso de ratificación. Cuatro año después se le añadió una carta de derechos, descritos en las primeras diez 'enmiendas'.

Las potestades de los tres poderes apenas se señalaron. Quedaba clara su independencia pero no mucho sus límites ni cómo habrían de interactuar. Se dejaba a las cortes la tarea de determinarlo a partir de los casos que se sometieran a su veredicto.

En particular resultó conflictiva la autoridad del Legislativo para fiscalizar a la administración. Aunque desde antes de la independencia ya el Parlamento británico realizaba regularmente investigaciones sobre los gobiernos de las colonias, ese componente crítico del sistema de frenos y contrapesos aparece muy matizado en la Constitución. Apenas permite que las cámaras soliciten documentos y la comparecencia de los funcionarios, con el exclusivo propósito de “contribuir a hacer buenas leyes”.

No obstante, la Suprema Corte ha reconocido que esa facultad es amplia y, en los hechos, los comités congresionales cada semana (promedio) hacen diez solicitudes de información y citan a cinco funcionarios.

Casi todos los presidentes tendieron a ensanchar unilateralmente su campo de acción y resistieron los intentos del Congreso para vigilarlos y del Poder Judicial para castigarlos, alegando intentos de vulnerar su independencia.

Hay que recordar que la primera batalla sobre la naturaleza y alcance del Poder Ejecutivo se dio apenas aprobada la Carta Magna. George Washington se negaba a informar al Congreso las causas de la derrota en el territorio del noroeste y argumentaba tener autoridad para imponer tributos para la defensa común, para organizar una economía nacional y para proteger a la propiedad privada de la violencia de la turba.

Durante y después de la Guerra Civil, con la férrea oposición de los legisladores y los jueces, los presidentes decretaron la extinción de la esclavitud y la extensión de derechos civiles a los afroamericanos.

La crisis constitucional más grave ocurrió en 1937. Franklin D. Roosevelt había ganado la presidencia en forma arrolladora y se enfrentaba el deterioro acelerado de la economía. El paquete de leyes conocido como New Deal, que aumentaba el poder del gobierno para regular la economía, era su propuesta para enfrentarlo. Como la Suprema Corte lo acusaba de querer exceder sus facultades, el presidente decidió intervenirla. Propuso la Ley de Reforma del Procedimiento Judicial, que supuestamente buscaba hacer más eficiente la labor de la Corte desplazando a los ministros mayores de 70 años y permitiendo al presidente nombrar a seis más. Finalmente el Congreso rechazó esa pretensión.

Donald Trump ha provocado un nuevo conflicto constitucional. Desde que llegó a Washington empezó a emitir ordenes ejecutivas que desafiaban el equilibrio de poderes. Sabía que los presidentes anteriores habían hecho lo mismo cuando no contaban con mayorías parlamentarias, pero a diferencia de ellos no le preocupa mucho darles un fundamento jurídico convincente. Con pretextos legaloides retrasa o niega solicitudes de información por parte del Congreso, incluso las rutinarias e insignificantes. Impide que funcionarios acudan a dar testimonio ante comisiones legislativas. Gobierna en medio de continuas ilegalidades y claros abusos de poder, como el que dio origen al intento de juicio político que ahora enfrenta.

La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, decidió procesarlo; el Senado, dominado por los republicanos, se resiste a juzgarlo. Eso ya se esperaba, dada la tremenda polarización política que prevalece en el Capitolio. Los demócratas, que desde el primer día han estado haciendo todo lo posible para sacarlo de la Casa Blanca, lo quieren cuando menos desgastar. Los republicanos saben que ha actuado mal pero lo defienden a capa y espada.

En el fondo lo que les importa a unos y a otros es la composición de la Suprema Corte. Las nominaciones que haga el siguiente presidente determinarán si el Poder del Ejecutivo se acota o se sigue dilatando, poniendo en peligro todo el orden democrático.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.