Para los conservadores lo sucedido en los años sesenta explica el desorden migratorio actual. Para los liberales los problemas presentes sólo se superarán si se retoma el enfoque de entonces. La Ley de inmigración y nacionalidad de 1965 produjo un cambio radical en los criterios de aceptación de extranjeros. Se puso fin al esquema de cuotas por nacionalidades, que favorecía a ciertos grupos raciales o étnicos sobre otros y que venía desde la época de la Primera guerra mundial. Fue sustituido por un sistema de preferencias con siete categorías, que promovía sobre todo la reunificación familiar y la llegada de personas con preparación formal.
La nueva legislación transformó el perfil poblacional: paulatinamente entraron menos europeos con cierta calificación laboral y arribaron cada vez más campesinos asiáticos (principalmente vietnamitas y camboyanos) y latinoamericanos (mayormente mexicanos y puertorriqueños). Pero lo más relevante fue que por primera vez se empezó a hablar de los derechos de los inmigrantes, incluso de los indocumentados.
Fue consecuencia del éxito del movimiento por los derechos civiles de los negros y de las políticas integracionistas y de igualdad de oportunidades de Lyndon B. Johnson. Los hispanos resultaron beneficiados de rebote porque nunca construyeron un frente bien articulado con sus propias banderas, ni se sumaron masivamente a aquel movimiento. Sin duda hubo esfuerzos muy meritorios, pero no alcanzaron resonancia nacional y persiguieron objetivos diversos, a veces no compatibles entre sí.
Durante décadas los pizcadores en California crearon pequeñas y efímeras organizaciones para exigir mejores sueldos y condiciones de trabajo. No obstante la difusión de iniciativas como el Teatro campesino de Luis Valdéz, fue muy difícil hacerlos conscientes de que podían superar la explotación y los abusos de los granjeros, que los amenazaban con denunciarlos para que fueran expulsados del país. Por eso rehusaron unirse a campesinos chinos o filipinos y tardaron muchos años en formar un sindicato fuerte (el United Farm Workers) o en ampliar sus reclamos más allá de lo laboral.
El impacto que tuvieron personalidades como Martin Luther King o Malcom X influyó para que surgieran nuevas agrupaciones. En Texas se formó el Fondo de defensa legal y educación de los méxico-americanos (Maldef) sobre el modelo de la Asociación nacional para el avance de las personas de color (Naacp). En Chicago aparecieron los Young Lords, inspirados en los Panteras Negras.
Varias veces se frustró el intento de crear una organización nacional, con demandas de amplio consenso. Por eso, las reformas legales que terminaron con la segregación escolar, hicieron obligatoria la educación bilingüe y afirmaron los derechos electorales de los hispanos no llegaron hasta 1974 y 75.
Sánchez vs Sánchez
No sólo faltaron esfuerzos unitarios sino que empezó a presentarse un enfrentamiento entre los recién llegados y los ya establecidos. Los ilegales, obligados al clandestinaje y a aceptar bajos sueldos por miedo a las deportaciones, eran acusados de "robarse" los empleos, presionar los salarios a la baja y de que su mal comportamiento provocaba animadversión hacia todos los hispanos en las comunidades. Las organizaciones religiosas a veces lograban que se solidarizaran pero, en la medida en que proporcionalmente los ilegales empezaron a superar a los residentes autorizados, la división se hizo más profunda.
Incluso entre los ya asentados se ahondaron las diferencias. Los que trataban de conservar una cultura propia ("mechicana") y peleaban por obtener educación bilingüe, fueron vistos como excéntricos y despreciados por los que pretendían acelerar su asimilación a la sociedad estadounidense, se salían de los barrios latinos y les ponían a sus hijos nombres en inglés.
Todo se complicó con la llegada de miles de asilados cubanos a Florida. Mientras que los mexicanos que solicitaban la residencia tenían que esperar años para conseguirla, el Congreso les concedió la "green card" a los cubanos casi automáticamente. Programas gubernamentales y fundaciones privadas les ofrecieron empleos y becas. Con esas ventajas pronto empezaron a tener fuerza en Washington y a arrogarse la representación política de toda la población hispana.
Al finalizar los setenta el problema de los indocumentados se había politizado y solucionarlo formaba parte de las ofertas de los candidatos presidenciales. Los republicanos, influenciados por las cámaras empresariales, proponían una amnistía amplia y programas de trabajadores temporales. Los demócratas, como concesión a los sindicatos, querían militarizar la frontera y castigar a los patrones que contrataran a indocumentados. Desde entonces el desacuerdo.