Desde 1995 en México se implementaron reformas que originaron un proceso de privatización e individualización de los sistemas de pensiones del país adoptados desde 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); es decir, que han pasado ya 25 años desde dicha implementación.
El gobierno federal entonces se propuso romper con la base de la seguridad social de los pensionados, que era el régimen de solidaridad intergeneracional, en el cual la población activa generaba el pago de las pensiones de los retirados que recibían un ingreso comparable a su último salario.
La postura oficial de ese entonces versaba en torno a que la aplicación de estas reformas resultaba indispensable y urgente por la carencia de reservas actuariales y la poca relación entre contribuciones y beneficios, ya que los planes de pensiones presentaban serios desequilibrios y los volvían financieramente inviables.
A través del tiempo, se han reformado los esquemas de pensiones; el del IMSS en 1995; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2003; de la mayoría de los estados entre 2000 y 2009; de varias universidades públicas a partir de 2013; y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015.
Hoy en día la evidencia ha mostrado resultados decepcionantes. La situación financiera de los institutos sigue siendo precaria, su cobertura es limitada y las pensiones representan una cuarta parte del salario promedio cotizado; las aplicaciones de dichas medidas sólo ofrecen al final acceso universal a una pensión mínima y a un incipiente seguro de desempleo, dejando a las personas de la tercera edad ya jubiladas, desprotegidas y en la incertidumbre.
Por lo tanto, la actual administración de la 4T, el pasado 22 de julio presentó en público la iniciativa de reforma al sistema de pensiones para aumentar el ahorro de los trabajadores formales y reducir las semanas requeridas de cotización.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, explicó y sintetizó la iniciativa en reducir el límite para acceder a una pensión de 25 a 15 años (750 semanas de cotización) y la aportación total pasará de 6.5 a 15 por ciento, con un incremento en el monto aportado por los patrones que irá de 5.15 a 13.87 por ciento. Con esto se espera que el trabajador aumente en 40 por ciento su pensión.
El secretario de Hacienda enfatizó y aseguró que dicho aumento en las aportaciones patronales no afectará a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), pues la mayor parte de los apoyos del gobierno se concentrarán en aquellos trabajadores que ganan hasta cuatro UMA, unos 10 mil 564 pesos al mes.
Al respecto del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda dijo que esta iniciativa se ha venido trabajando desde hace más de año y medio en conjunto con el sector obrero y empresarial, con el fin de mejorar la pensión que reciben los trabajadores al momento de su retiro, es decir, en pro de la protección última de la sociedad que siempre es el eje rector de la visión de conjunto que tenemos en esta administración.
En consecuencia, como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, reitero mi apoyo y aplaudo tal iniciativa de reforma al sistema de pensiones como 'un buen mensaje económico' al romper con el argumento anterior de la estatización del sistema de ahorro para el retiro e ir en busca de estrategias para mejorar y dignificar la vida de nuestros jubilados.