México vive una sequía prolongada de cuando menos tres años consecutivos, siendo el 2023 uno de los más secos y calurosos en la historia. Este escenario climático complica aún más la crisis hídrica en la que el 60 por ciento de nuestros cuerpos de agua están contaminados, 157 cuerpos acuíferos están sobreexplotados y el 50 por ciento del territorio nacional ha perdido su cobertura vegetal original (UNAM, 2023).
Adicionalmente, la Conagua ha señalado que la demanda por H2O crece exponencialmente cada día y que uno de los mayores problemas que ocurren es su desigual distribución en el país, al igual que un uso deficiente en diferentes sectores.
Hoy, en tiempos electorales, no falta quien quiera utilizar esta crisis como botín político para producir angustia social, haciendo creer que las autoridades no han hecho bien su trabajo y que, por ello, nos vamos a quedar sin agua.
Lo anterior ocurre especialmente en la CDMX, que se surte en parte del Sistema Cutzamala cuya reserva se encuentra disminuida, pero que no constituye nuestra única fuente de abastecimiento. Así, la alarma proselitista por falta de agua en esta ciudad no solamente es imprecisa, sino que es irresponsable e inaceptable. El agua no puede ser bandera política ni se puede pintar de colores o de partidos. Ciertamente, la escasez de agua debe ser un tema central de los gobiernos, pero no en el marco de las elecciones, sino como algo en lo que se debe trabajar diariamente.
El régimen jurídico del agua en México es un laberinto de normas constitucionales, federales, estatales, municipales y reglamentarias. La compleja distribución de competencias y la poca coordinación entre los distintos órdenes de gobierno dificultan la administración y el pleno acceso del recurso. Esto no es un problema del sexenio que estamos por concluir; es una regulación añeja que se remonta a otras administraciones.
En lo que ahora interesa, nuestra Constitución general establece que el agua es un recurso susceptible de aprovechamiento económico; y, para su regulación, existen leyes y reglas aplicables desde 1992. Por otro lado, a partir de 2012, el texto constitucional también reconoce el derecho humano de todas las personas al saneamiento, disposición y acceso al agua. Sin embargo, aún no hay legislación que atienda este aspecto.
Esto es, la regulación legal del agua es insuficiente y deficiente. Al pensarse solamente como un bien susceptible de explotación y aprovechamiento, se dificulta el diseño de estrategias que garanticen el derecho humano al agua. Esto perjudica principalmente a grupos poblacionales desaventajados y propicia que los daños al medio ambiente y los cuerpos acuíferos no sean atendidos adecuadamente.
La concepción materialista del agua se refleja también en el mal uso que la población hace del recurso, sobre todo de aquellas personas y empresas que se valen de su capital económico para disponer casi ilimitadamente de la misma.
Necesitamos un cambio de paradigma. Concebir al agua como derecho humano permitirá a las autoridades exigir a todos los sectores el mejor aprovechamiento del recurso, demandar concesiones eficientes, garantizar la seguridad hídrica y lograr el acceso al agua potable para todas las personas.
El entendimiento del derecho humano al agua también debe de ir acompañado, entre otras cosas, de la perspectiva de género y un enfoque pluricultural que permita atender las exigencias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes tienen una cosmovisión sagrada del recurso.
Tenemos que entender que el ejercicio de todos los derechos humanos depende absolutamente de la sostenibilidad ambiental. Evitemos el tema del agua como botín político y dejemos de pensar que el agua es solo de quien la paga. Evitar el desperdicio del agua y mejorar su aprovechamiento es corresponsabilidad del Estado, las industrias y de la población; ahí está nuestro punto de encuentro.