Cuesta lo mismo hacerlo bien, que hacerlo mal, pues las "buenas intenciones" de los legisladores por establecer una ley que proteja a los trabajadores en su home office, podría conducir a limitarles dicha posibilidad.
Para muchos, la flexibilidad de quedarse en casa les es una ventaja, porque aun cuando deben pagar más de algunos servicios, les dan tiempo con la familia y ahorro en conceptos significativos; por ejemplo, el transporte y las comidas fuera.
Existen aspectos positivos dentro del espíritu de la ley, como el hecho de tener igualdad de derechos, independientemente de dónde hagas tus labores; sin embargo, en la defensa se les pasó la mano y dejaron imprecisiones graves que pueden provocar que las empresas prefieran el uso de las instalaciones convencionales.
1.- Reconozcamos que hay compañías con costos mayores, porque sostienen sus oficinas actuales y además facilitar que sus colaboradores participen a distancia a costa de pérdida de seguridad en el ámbito tecnológico.
2.- Con el cargo proporcional de internet y electricidad se pierden las economías de escala. Pongámoslo en perspectiva, es más barato una conexión para 100 personas en conjunto, en lugar de sufragar el gasto de un centenar de contratos individuales por cada trabajador.
3.- Queda ambigua la idea de cubrir la parte proporcional de servicios. Hace imposible la deducibilidad en los impuestos, pues las facturas están a nombre de los trabajadores. Aun cuando se les incluya en el salario, se les aumenta la carga patronal y el empleado tendría que pagar más al SAT.
4.- Habrá problemas para recuperar equipo de cómputo y oficina, Sobre todo en organizaciones que tienen una alta rotación de personal.
Pareciera que el poder legislativo tuvo una gran idea, sin tener el conocimiento para llevarla a cabo en forma correcta. Veamos cómo se avanza con la aplicación, con la posibilidad de que sea disuasivo para funcionar con teletrabajo.
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