En teoría, la creación de un Consejo encargado de promover la inversión y el crecimiento parece una buena idea. Tocará a Alfonso Romo la tarea de coordinar dicho Consejo y entregar resultados positivos.
Una de las razones estructurales que explican las bajas tasas de crecimiento de la economía es el poco dinamismo de la inversión. Es de sobra sabido que la inversión pública ha sufrido severas contracciones. Pero lo más preocupante es que la inversión privada (que constituye el componente principal de la formación de capital) tampoco ha dado muestras de dinamismo. De ahí la conveniencia de acciones expresamente orientadas a promover la inversión productiva.
El problema, sin embargo, es que entre los factores determinantes del nivel de inversión está la confianza de los inversionistas en el gobierno y en las perspectivas futuras de la economía nacional. El presidente López Obrador se ha afanado en enviar a los empresarios mexicanos un mensaje en el que se les invita a colaborar y a tener confianza. En este sentido, el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación), que cumple con la promesa de un superávit primario, se esgrime como argumento de la seriedad del presidente para trabajar con el sector privado.
Sin embargo, la confianza va más allá del discurso. Después de las primeras declaraciones de AMLO como candidato ganador de las elecciones, el empresariado y los mercados financieros parecieron concederle el beneficio de la duda. Pero en la medida en que su proyecto político-económico (estatista y nacionalista) choca frontalmente con la visión y las propuestas del sector privado, la confianza deviene un recurso escaso.
Decisiones como la cancelación del NAIM, la reversión de facto de la reforma energética y de la reforma educativa, así como la ofensiva lanzada contra los órganos constitucionales autónomos se han convertido en una importante fuente de incertidumbre.
En lo político es igualmente clara su voluntad de reconstruir el viejo presidencialismo todopoderoso, aunque en un contexto totalmente distinto al de sus añorados años sesenta y setenta. La voluntad centralizadora y la molestia manifiesta ante toda noción de contrapeso, sea el Poder Judicial, los órganos autónomos o la sociedad civil anuncia riesgos de involución autoritaria.
Los esfuerzos autónomos de la sociedad civil para incidir en la construcción del bien común son desechados. A este respecto, es ilustrativo el caso de las estancias infantiles donde el presidente ve en la participación de actores privados una tendencia privatizadora y neoliberal. Su idea es que el Estado debe controlarlo todo y así tener una clientela fiel que le garantice continuidad a su proyecto.