Desde antes del 1 de diciembre, las relaciones entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial eran tensas. La suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones decretada por el ministro Alberto Pérez Dayán fue la chispa que exacerbó la disputa. En el fondo, se trata, desde un punto de vista jurídico, de un asunto referente a la constitucionalidad de dicha ley, en gran parte derivado de las disposiciones contradictorias entre algunos artículos de la propia Constitución.
Pero al margen del fondo técnico-jurídico de la disputa, desde una perspectiva política, destaca la habilidad del presidente López Obrador para presentar la disputa en términos de la resistencia de los miembros del Poder Judicial a perder privilegios. En la arena mediática, quienes cuestionan la manera en que se pretende aplicar la austeridad republicana llevan las de perder desde el momento mismo en que su reclamo ya fue etiquetado como una mera defensa de privilegios. Ello ha dado lugar al linchamiento mediático y, en particular, en las redes sociales. Lo grave de esta situación es que alimenta la polarización y abre la puerta a manifestaciones de intolerancia como la observada cuando, en medio de una andanada de insultos, una turba golpeó el automóvil de un funcionario de la Corte o los más recientes intentos por impedir el acceso a la sede de la Corte.
El hecho a destacar es cómo dos poderes del Estado (un grupo de legisladores y un ministro de la Corte) se erigieron en contrapesos institucionales efectivos. Así, además de cómo la acción concertada de la oposición podrá incidir en materia de cambios constitucionales, lo cierto es que el Poder Judicial sigue siendo una instancia ubicada más allá del control del presidente y su partido. En este sentido, adquieren especial relevancia los cambios en la conformación de la Suprema Corte.
Esta situación ofrece una atractiva ventana de oportunidad al presidente López Obrador. Lograr la inclusión de dos nuevos ministros cercanos a su proyecto e influir en la definición del próximo presidente del máximo tribunal es, para él, una premisa necesaria para restar fuerza al contrapeso que hoy representa el Poder Judicial. Por lo pronto, el lugar del ministro Cossío ya fue ocupado por Juan Luis González Alcántara, personaje de toda su confianza y que, durante su gestión al frente del gobierno de la capital, se desempeñó como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Asimismo, apenas iniciando 2019, los ministros nombraron a Arturo Saldívar Lelo de Larrea como ministro presidente. Se trata de un ministro bien visto por el presidente y que podría tener la capacidad para lograr una interlocución relativamente tersa son el Poder Ejecutivo, aunque, en paralelo, enfrentará el reto de mantener la autonomía del máximo tribunal del país. A ello cabe agregar el próximo término del periodo de la ministra Margarita Luna Ramos.
Finalmente, no hay que perder de vista que el objetivo último parece ser la instauración de una presidencia todo poderosa. Como se señala en las conclusiones del Foro de Sao Paulo, los partidos y movimientos de izquierda ahí presentes (entre ellos los representantes de Morena) señalaron que no bastaba con obtener la presidencia y espacios en los ámbitos legislativos, sino que era preciso hacerse del control del Poder Judicial, los órganos autónomos y los medios de comunicación.