La revocación de mandato (RM) cada día se aleja más de ser un ejercicio ciudadano, se ha venido transformando en una arena política, partidista y mediática. El compromiso de campaña que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador provocó la aprobación expedita de una reforma constitucional y una ley en septiembre del 2021.
La Ley Federal de RM establece exigencias superlativas a la ciudadanía. Se exige el número de firmas más alto en materia de participación ciudadana en el país, el 3%. Es lo que necesita un partido para mantener su registro o para tener una curul de representación proporcional –pluris–. Las candidaturas independientes van de gane entre el uno/dos por ciento.
Además, la ciudadanía tiene que garantizar ese 3% mínimo en cada uno de al menos 17 estados del país. Esto no se exige a partidos políticos para conservar su registro después de las votaciones, ni para tener derecho sus plurinominales.
Más requisitos a la ciudadanía sería que para ser efectiva la RM: 1) tiene que ir a votar mínimo el 40% de las personas en la Lista Nominal y 2) dos terceras partes tienen que votar por el Sí para que se vaya el/la gobernante.
Esto no se exige para declarar válida una elección y eso que la propia ley define a los partidos políticos como “entes de interés público… y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática…” ¿Qué mejor muestra de su buen trabajo atraer a las masas a votar? A la elección extraordinaria en Monterrey (diciembre 2018) asistió poco más del 30% de la ciudadanía; pero si hubiera sido una RM, no tendría validez.
Los requisitos a la ciudadanía pueden superarse con el respaldo de instituciones con presencia y penetración nacional, los partidos políticos van de ejemplo. La ciudadanía, por más organizada, la tiene mucho más difícil.
La RM vigente, además de una promesa de campaña, se ha convertido en la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral (INE). El desprecio es mutuo de uno a y otros en el INE y viceversa. Cada quién moviendo sus piezas.
En septiembre el Poder Legislativo aprobó una reforma constitucional y una ley para darle vida a la RM para que en diciembre la eliminara del presupuesto del INE. En respuesta, este presenta dos recursos, uno ante la Suprema Corte de Justicia y esta le dice que no puede presupuestar algo que todavía no existe, hasta que se verificaran las firmas sería una realidad la RM. El segundo, ante el TEPJF y este ordena a la Secretaría de Hacienda (SH) que atienda la solicitud que hará el INE para garantizar los derechos de participación de la ciudadanía.
El 31 de enero la SH lo atendió, le dijo al INE que no, que la ley no se lo permite a ella y que él está obligado a rascar de su propio presupuesto para hacer la RM.
Largo y enredado el duelo político y partidista que traen en tribunales y medios sobre un mecanismo de participación ciudadana. Curioso que la voz de la ciudadanía no se escucha, apenas se invoca para defender el derecho humano a la participación política.
Y luego se preguntan por qué la democracia está fatigada en México, entre otras cosas…
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