El vocero de Morena, César Yáñez, negó este lunes haber negociado con el Gobierno de Puebla la liberación de su pareja, Dulce María Silva Hernández.
"Nunca negocié o he negociado la salida de mi novia", dijo en entrevista con Radio Fórmula, argumentando que no se concretó el presunto tráfico de influencias con la liberación de quien es acusada por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este lunes El Universal publicó audios, reconocidos como auténticos por Yáñez, con presuntas gestiones con el Gobierno de Puebla en busca de liberar a su pareja.
"La llamada que tengo con algún funcionario de la Procuraduría es el día de la detención de Dulce. De ahí a la fecha han pasado más de siete meses y ella sigue presa", dijo a Radio Fórmula.
"Lo único que les interesa es quitarle un terreno de 6 mil metros que se encuentra ubicado en frente del centro comercial Angelópolis", añadió.
El pasado 10 de octubre el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio, destapó el caso, asegurando en su columna 'Un crimen cerca del Peje' que funcionarios en Puebla confirmaron que representantes legales de Andrés Manuel López Obrador, líder del partido y jefe de Yáñez, realizaron gestiones para liberar y retirar los cargos a la mujer.
"No se sabe aún si las ilegalidades cometidas en Puebla tuvieron una expresión en el equipo de López Obrador, o si la defensa que hacen de ella desde la Ciudad de México se limita a la relación personal de Yáñez, donde el problema sería limitado al ámbito de la ética política y la integridad de quienes promulgan ser impolutos, pero no, como hasta ahora, que estuvieran embarrados también en un caso criminal", indicó Riva Palacio.
De acuerdo con el periodista el caso por el que es acusada Silva Hernández data de 2009, cuando el regulador bancario emitió un comunicado para prevenir a los clientes de la firma SITMA, propiedad de Leonardo Tiro Moranchel, que ésta carecía de autorización para realizar operaciones financieras y captar ahorros, por lo que los negocios que hacía en Puebla carecían de legalidad.
Luego de esta alerta, habitantes de Puebla, Atlixco y Cholula que habían comprado propiedades a una inmobiliaria de Moranchel presionaron para que les devolvieran su dinero. Posteriormente se produjeron 158 demandas.
En 2015 Moranchel fue sentenciado por el delito de fraude, que sumaba para entonces 800 millones de pesos y había afectado a unas seis mil personas. Moranchel estuvo prófugo durante nueve meses, y actualmente se encuentra preso.
Pero en esos 6 años en que inició el proceso y se concluyó con la sentencia, Leonardo Tiro Moranchel buscó prestanombres que adquirieran sus propiedades, para técnicamente deshacerse de ellas y que al terminar en juicio no fueran tomadas para pagar a los defraudados, de acuerdo con el columnista
Los afectados descubrieron las gestiones de Moranchel, por lo que presentaron una denuncia contra 5 posibles prestanombres, quienes, pese a que en principio recibieron amparos para quedarse con los inmuebles, este año fueron detenidos y sentenciados. Uno de ellos es Dulce Silva, pareja de Yáñez.
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