Derivado de los altos índices de inseguridad que se viven en Chilpancingo por lo menos 400 negocios han cerrado en los últimos 6 meses, además de que no se han establecido nuevas inversiones y aunado a ello, la administración de Rogelio Ortega Martínez no le da importancia a la reactivación económica.
Así lo dio a conocer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Nava Romero, quien agregó que no se han cumplido las expectativas que los guerrerenses tenían de esta nueva administración, y que tiene conocimiento de que varios de los comerciantes de esta ciudad a lugares como Estado de México, Querétaro y Puebla, donde perciben mejores condiciones de seguridad.
Explicó que mantiene un monitoreo de mil 800 negocios agrupados en por lo menos 25 organizaciones pertenecientes a Coparmex y que el objetivo principal de los dueños de las empresas locales que se van de la ciudad es porque quieren proteger la integridad de sus familias, y aunque no dio muchos detalles al respecto, si reconoció que empresas como la agencia Volvo, Cantera Mexicana y una consultoría contable, que generaba por lo menos 60 empleos, cerraron.
El martes pasado fue secuestrado otro empresario en Chilpancingo, y ante esa situación señaló que los últimos meses han dejado claro que se ve muy lejana la consolidación del sistema de seguridad de Mando Único. "Y si se logra, no será en esta administración estatal", adelantó Nava Romero.
El empresario se quejó de que en Guerrero no se cuenta aun con la Ley de Adquisiciones que regule las compras del gobierno del estado, para que si hay problemas de inseguridad no se contraiga la economía local.
Jaime Nava lamentó que a pesar de haber hecho diversas denuncias públicas por el incremento en los secuestros y extorsiones contra los dueños de comercios locales, la situación no ha mejorado, sobre todo porque se percibe una comunicación nula entre el gobierno estatal y federal.
Finalmente, se quejó porque en la fiscalía general del estado se han presentado por lo menos 300 denuncias por extorsión y secuestro que no han registrado avance satisfactorio en su investigación.
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