Vinculan a proceso a tres exfuncionarios del sector Salud de Jalisco
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Vinculan a proceso a tres exfuncionarios del sector Salud de Jalisco

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Vinculan a proceso a tres exfuncionarios del sector Salud de Jalisco

bulletLos señalados son Jaime Agustín González Álvarez, Antonio Cruces Mada y Miguel Ángel Leyva Luna, quienes están acusados de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Juan Carlos Huerta /corresponsal
26/02/2020
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Tres exfuncionarios del organismo público descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, integrantes de la pasada administración en Jalisco, fueron vinculados este miércoles a proceso por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades

Se trata de los que fueran secretarios de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, y Antonio Cruces Mada, así como el exdirector general de Administración del OPD Servicios de Salud Jalisco, Miguel Ángel Leyva Luna.

Los exfuncionarios fueron vinculados por el juez segundo de Control, Juan José Rodríguez Velarde, por supuestamente favorecer a una empresa con la compra irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias en el estado, y contratos por prestación de servicios.

La investigación sobre González Álvarez es por una licitación de 2013 para la adquisición de videocámaras para una nueva área en el Hospital General de Occidente.

El equipo fue para un espacio de aislamiento en caso de que en Jalisco surgiera un brote de ébola y se favoreció al corporativo Seguridad Privada y Administración Patrimonial S de RL de CV. La Fiscalía presumió que se trató de una compra dirigida.

En el caso de Cruces Mada, el señalado habría adquirido equipo de cómputo en 2014 a la misma empresa, mediante una licitación presuntamente irregular

Esta es un segundo juicio que se finca a los ex secretarios por uso indebido de atribuciones y facultades. En diciembre pasado, se inició otro proceso jurídico por irregularidades halladas en un contrato de prestación de servicios de contabilidad. 

A Cruces Mada se le señala también por un detrimento superior a los 600 millones de pesos. Entre las acusaciones se destaca la compra de medicamento fuera de norma y omisiones en la distribución de fármacos a las unidades de Salud.