OAXACA.- Integrantes del Comité de Víctimas 19 de junio por la Verdad y la Justicia, habitantes del municipio de Asunción Nochixtlán y militantes de la Sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), impidieron la diligencia programada para este día por parte de peritos especializados de la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo anterior debido a que se negaron a cumplir con el acuerdo reciente al que se llego con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa Cifrián, de tomar en cuenta los testimonios de las 200 víctimas del enfrentamiento.
Así lo dio a conocer Itayee Cruz Guevara integrantes del grupo que encabeza las pláticas que mantienen las víctimas con las autoridades federales, quien detalló que los elementos de la PGR, encabezados por Jorge Nader Kuri, director de Averiguaciones Previas, argumentaron que la diligencia no incluía recabar testimonios de las víctimas, por el contrario únicamente pretendía delimitar la zona y analizar los vídeos que ellos llevaban, dejando las versiones de las y los afectados en la incertidumbre.
En este sentido recriminó que México sea el único país donde el sistema de Procuración de Justicia trabaja a control remoto y que deriva en investigaciones plagadas de inconsistencias e irregularidades.
"El estado mexicano es el único en donde la PGR trabaja a control remoto, prueba de ello es que a distancia conformaron 32 carpetas de investigación del enfrentamiento en Nochixtlán, basadas en vídeos y audios que han conseguido en el transcurso de tres meses, sin haberse parado en la población, de ahí que este plagado de irregularidades", dijo.
Cruz Guevara señaló que existe temor de las autoridades federales de reconocer públicamente su responsabilidad en el enfrentamiento, razón por la que han evitado escuchar los testimonios de las personas afectadas debido al enfrentamiento, situación que incluso se pudo constatar con el informe que presentaron legisladores federales derivado de una Comisión Especial de seguimiento al caso, que tampoco tomo en cuenta a las víctimas.
Insistió en la responsabilidad del estado "no es que vengamos con un síndrome del 68 no nada de eso, si no que las malas acciones que se han presentado por las autoridades no van acorde a las versiones de los hechos que se han difundió en los medios", puntualizó.
Finalmente indicó que será mediante la intervención de los organismos de defensa de los derechos humanos locales, nacionales e internacionales que se buscará conciliar que exista una nueva fecha para la diligencia, la cual se tiene que dar en el marco de los acuerdos particularmente tomando el de tomar en cuenta a las víctimas.
"Han sido precisamente los organismos en defensa de los derechos humanos quienes han contribuido a evitar que se dé carpetazo al caso, por lo que recurriremos a estos nuevamente para generar una visita en el marco de los acuerdos" concluyó.
Por su parte Alejandro Pacheco, asesor jurídico de las personas afectadas cuestionó el actuar de las autoridades de la PGR, quienes señaló ni siquiera contaban con el expediente del caso a su arribo a la localidad, situación que causó la molestia de la población y activistas ya que evidencia que no se trata de un trabajo profesional que pueda derivar en una investigación confiable.