CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que la verdad sobre el caso Iguala no puede construirse o negociarse, pues debe desprenderse de las pruebas y por ello pidió al Gobierno Federal fortalecer las investigaciones para evitar la impunidad.
Al presentar su Segundo Informe de Actividades 2015, el Ombudsman nacional señaló que "la verdad en este y todos los casos es una, no puede construirse o negociarse y debe, necesariamente, desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los respectivos expedientes, valorados y articulados en su conjunto, no de la apreciación aislada de los mismos".
Expresó ante el presidente Enrique Peña Nieto y los titulares de la SEP, Segob, PGR y Sedena, que el informe presentado la semana pasada por un grupo de peritos, "tendrá que valorarse de manera integral, junto con los demás elementos de convicción que obran agregados a la investigación correspondiente."
Además, recordó que desde el mes de julio, la CNDH presentó el documento "Estado de la investigación del Caso Iguala", en el cual se formularon 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos y coadyuvar al desarrollo de las investigaciones. El documento contenía todos los planteamientos de los padres de los normalistas desaparecidos, sus representantes, organizaciones sociales y académicos.
González Pérez subrayó que es necesario fortalecer las investigaciones que las autoridades lleven a cabo, ya que podrían existir "omisiones o deficiencias" por las que los responsables no pudieran ser sancionados y los hechos quedaran impunes.
"Para la CNDH, el caso Iguala sigue siendo un expediente abierto, cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y en la cual es preciso que, en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación", dijo.
Y destacó que durante 2015 la Comisión registró 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 453 personas. De ese conjunto, en 11 casos se encontraron elementos suficientes para considerarlo una desaparición forzada.
En cuanto a los lugares en los que se señaló la desaparición de personas, Guerrero fue el estado del que se recibió el mayor número de reportes, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
Agregó que Tierra Blanca y Papantla "parecieran reiterarnos que seguimos sin aprender, valorar y dar sentido a las múltiples lecciones que nos han dado el dolor y el sufrimiento de las víctimas de nuestro país".