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TAMAULIPAS.- El predio de mil 600 hectáreas localizado en el puerto de Altamira y por el cual fue detenido el exgobernador Eugenio Hernández Flores, acusado de los delitos de peculado y operaciones con recurso de procedencia ilícita, ya están a nombre del Gobierno de Tamaulipas.
La transmisión de propiedad fue efectuada por la empresa GMC Desarrollo Industrial Altamira S.A. de C.V. y por la cual se da por pagado la reparación del daño relacionada con la causa penal 67/2017 del Juzgado Segundo del Ramo Penal, pero sólo aplica para los hermanos Alberto 'N' y Delia del Carmen 'N'.
El 6 de octubre del 2017, Eugenio Hernández fue detenido, tras ser acusado que en 2007, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, realizó una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de mil 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, propiedad del estado.
Dentro de la causa penal 67/2017, se giró orden de aprehensión contra el prestanombres y otras personas, por la probable comisión del delito de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como existía la posibilidad de que los polígonos denominados Gob2 y Gob3 fueran objeto de delito, el Congreso de Tamaulipas instruyó para que se reincorporaran de manera inmediata al patrimonio estatal y quedara reparado el daño que pudiese haber causado la enajenación del inmueble que originalmente fue llevado del Fideicomiso Nuevo Santander en favor de Materiales y Construcciones Villa de Aguayo.
La transmisión de la propiedad fue firmada por el apoderado legal de la empresa y el entonces Secretario de Administración, Jesús Nader Nasrallah, estipulándose un valor a la propiedad de 6 millones 448 mil 815 pesos, según dice la escritura pública número 3976, Volumen 64, de fecha 19 de diciembre de 2017 y autorizada el 25 de enero del 2018, otorgada ante la fe del notario público Sergio Castillo Padilla.
Los terrenos fueron expropiados por el Gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el Puerto de Altamira y en 1994, la Federación a través de un decreto los transfirió en donación al Gobierno de Tamaulipas a través de la empresa Canal Intracostero Tamaulipeco S.A, constituida por el entonces gobernador, Manuel Cavazos Lerma, otorgando la concesión para construir, operar y administrar un canal intracostero con el que se pretendía unir a Tamaulipas y Texas a través de una vía fluvial de 438 kilómetros.
En el año 2001, el entonces gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba impulsó que el "Fideicomiso Nuevo Santander" para fomentar el desarrollo industrial del estado y bajo ese esquema, varias propiedades del patrimonio estatal como las del puerto de Altamira, se transfirieron a este fideicomiso para su administración.
En 2002, Tomás Yarrington, impulsó en el Congreso del Estado, se entregaran las mil 600 hectáreas al fideicomiso y un mes después y luego de publicarse el decreto en el periódico oficial, se vendieron a Fernando Cano Martínez a través de la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V. a un precio de 87 centavos el metro cuadrado, pagando 14 millones de pesos, cuando el valor estimado ese año, era de 866 millones de pesos.
En el 2004, el diputado Luis Alonso Mejía interpuso una demanda penal contra Tomás Yarrington y Fernando Cano por la venta del inmueble, demanda que fue desestimada por la Procuraduría General de Justicia.
La empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, en una segunda operación de venta, cinco años después, en 2007 lo transfirió por 16 millones de pesos a la empresa GMC S.A de C.V de Altamira propiedad de Alberto Berlanga Bolado, presunto prestanombres de Eugenio Hernández Flores; estimándose que en ese año el valor real era de mil 054 millones de pesos.
Estos predios fueron incorporados al Registro Público de la Propiedad en 2009 por GMC Desarrollo Industrial Altamira, tres años después, atención al oficio número UEIDCS/CG/889/2012 y al diverso GCA/TAM/902/2012, de fechas 21 y 22 de junio de 2012, se ordenó llevar a cabo la anotación marginal de Aseguramiento Provisional, dictado por el Agente del MP de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud y por el Coordinador General de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la S.I.E.D.O.
La empresa tramitó el amparo 973/2013-II contra el aseguramiento, mismo que fue concedido y el 14 de enero del 2015 fue cancelada la suspensión definitiva del auto reclamado, archivándose el asunto como totalmente concluido.
Posteriormente el 6 de octubre del 2017, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, dentro de la averiguación previa 14/2017 dictó el acuerdo de aseguramiento precautorio de bienes para los polígonos 2 y 3 de Altamira, propiedad de GMC Desarrollo Industrial Altamira y que finalmente fueron escriturados a nombre del Gobierno del Estado de Tamaulipas.