CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, mediante un acuerdo plenario, decidió suspender por 30 días los derechos partidistas de Pablo Gómez, expresidente de ese partido, y seis afiliados más, por haber firmado el acuerdo impulsado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena y manifestarle su apoyo.
Los demás sancionados son el senador Raúl Morón Orozco, el exdelegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra; el exsecretario de Desarrollo Metropolitano del CEN, Carlos Sotelo García, y los consejeros nacionales Héctor Yescas Torres, Dorisol González Cuenca e Indira Vizcaíno Silva.
De acuerdo con Juan Manuel Ávila, integrante de esa comisión jurisdiccional, este acuerdo plenario de suspender derechos partidistas por 30 días es una medida cautelar que se tomó para garantizar la sanción, pero aún falta escuchar los argumentos de los sancionados como parte de su defensa.
Sin embargo, de acuerdo con el propio Ávila, esta decisión se tomó "fast track y en lo oscurito", pues solo se logró la firma de tres de los cinco integrantes de la Comisión Jurisdiccional.
Relató que "el jueves de la semana pasada, los abogados del CEN ingresaron el documento de sanción a la Comisión Jurisdiccional y, sin que se celebrara una reunión para analizar los documentos, el lunes siguiente, al mediodía, la aprobación de esta sanción ya contaba con tres firmas".
Esto, aseguró Ávila, "es una irregularidad, porque la aplicación de esta medida cautelar es en sí misma una sanción para los acusados, sin siquiera brindarles su derecho a defenderse".
Además señaló que la suspensión de derechos partidistas a un militante es la sanción máxima que se puede aplicar, pues antes está la amonestación en privado, luego la amonestación pública y hasta el final la suspensión de derechos, "por eso digo que quienes firmaron esta medida cautelar, que son militantes del ADN y Nueva Izquierda, actuaron por consigna".
Ávila recordó el caso del también sancionado Rey Morales, exsecretario de Apoyo a la Seguridad Pública del CEN del PRD, "a quien se le aplicó la misma sanción y que finalmente el Tribunal Electoral nos ordenó restituirle sus derechos partidistas porque este método es ilegal".
De esta forma, la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD tendrá que citar a comparecer a los siete sancionados para darles su derecho a la legítima defensa y, posteriormente, dictar una resolución en este caso.
Cabe recordar que este grupo de siete sancionados es solo la mitad de la lista que fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, que consta de 15 militantes a los que se pretende expulsar del PRD.
Al respecto, Carlos Sotelo, uno de los sancionados, y quien desde abril pasado inició un juicio ante el TEPJF para que el PRD realizara elecciones internas para renovar las dirigencias de ese partido, que concluyó con el plazo de 60 días que el propio Tribunal fijó para realizar la elección interna, dijo que "es una jugada desesperada de las corrientes".
Señaló que "ellos hacen el cálculo de que suspendiéndome mis derechos partidistas el Tribunal va a decir que, como ya no soy perredista, termina mi interés jurídico en el juicio que tengo abierto para la renovación del partido, pero se equivocan, ya lo consulté con los magistrados y ellos me dan la razón".