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SRE rechaza que mensajes de Evo Morales en México violen tratados de Asilo

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SRE rechaza que mensajes de Evo Morales en México violen tratados de Asilo

bulletRecordó que la Constitución mexicana garantiza el derecho a la libre expresión del boliviano.

Susana Guzmán
14/11/2019
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Luego de Janine Áñez, presidenta interina de Bolivia, anunció que presentará un reclamo diplomático ante México por la actuación política del ex presidente Evo Morales en nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que los mensajes de Morales sean violatorios a los tratados de asilo.

Señaló que el artículo 6 de la Constitución garantiza el derecho de libertad de expresión del boliviano, quien se encuentra en calidad de asilado político.

En un comunicado, la Cancillería estableció que “ante los posibles señalamientos en relación con que los mensajes emitidos por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, son violatorios del otorgamiento de asilo bajo el Tratado sobre asilo y refugio político de Montevideo (1939), son pertinentes las siguientes consideraciones jurídicas:

“El derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), ninguno de los cuales hace distinción entre ciudadanos y extranjeros, ni tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran estos en el país”.

En segundo término, “en el mismo sentido que la legislación nacional y la Convención Americana, la Convención sobre Asilo Territorial (México es parte desde 1982) – en su artículo VII- señala que no se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados”.

Esto significa, apuntó la SRE, que la libertad de expresión de los asilados no debe estar sujeta a mayores limitaciones que las que tendría el de cualquier ciudadano mexicano.

Tercero, -añadió en el comunicado-, “incluso si existiera conflicto alguno entre las disposiciones (que no lo hay), el artículo 1 constitucional obliga a que las normas se interpretan favoreciendo en todo tiempo la protección más alta de las personas (principio pro-persona)” .